Los afectados por las sanciones urbanísticas denuncian que siguen recibiéndose notificaciones a través del BOP

“Creemos que está abusando de la ley, aprovechando que tiene en la mano la poderosa maquinaria administrativa”

La “AVV de Afectados por las Sanciones Urbanísticas” manifiesta que “tenemos que volver a oponernos frontalmente al responsable del área de Urbanismo de nuestra ciudad, Andrés Núñez”. Desde el punto de vista humano, “hacerle caer en la cuenta de que ya ha “premiado” a numerosas familias para estas navidades”. Sólo el 7 de diciembre “han aparecido veintiséis notificaciones de otros tantos expedientes urbanísticos en el BOP de Cádiz”.


Esta asociación señala que “dio usted un paso peligroso cuando firmó la denuncia mediante la cual se remitían a la Fiscalía 1.717 expedientes sancionadores urbanísticos en un primer momento, para más tarde completarse la “faena” con otros trescientos. En total, unos dos mil por vía penal, amén de otros tantos que se tramitan por vía administrativa”.

Ahora, “emulando a determinado título cinematográfico, “De prisa, de prisa”, parece como si alguien le estuviera exigiendo unos resultados determinados antes de finalizar el año. O quizás es usted mismo quien se los exige”. En este caso “tendremos que decirle que es inasequible al desaliento, pero, desde nuestro punto de vista, en negativo”.

Agrega la asociación de afectados por las sanciones que es “como si estuviese ante una carrera contra reloj en lo que respecta a las notificaciones de los expedientados”.

“Quizás no se haya parado a pensar sobre las consecuencias de continuar notificando sanciones amparadas en un PGOU que nunca existió –asevera-. Da la impresión de que alguien lo estuviese asesorando negativamente para perjudicar a su propio partido. De otra forma no se comprende su actuación en este asunto. Y en otros, a decir verdad”.

DESACIERTO

Asegura la entidad vecinal que el edil de Urbanismo “suma un cúmulo de desaciertos”. Primero, “se niega a reconocer la sentencia del Tribunal Supremo anulatoria del planeamiento, la del 31 de mayo y que usted vendría a obedecer casi a los seis meses de ser dictada. Ahora, como continuación, hay que añadir la notificación de sanciones sin base legal”.

Reseña también que “ha venido concediendo licencias amparadas en un Plan de Ordenación fantasma. Para más inri, intenta demandar a la oposición con amenazas de responsabilidades patrimoniales, por votar lo que creen conveniente, en un asunto tan escabroso como el ambulatorio de Los Gallos, de dudosa base legal, por su ubicación en suelo inundable. Por cierto ¿En este caso no hay sanciones? Lo tendremos en cuenta. Por esta vía, creemos que acabará dañando gravemente a su propia formación política”.

Amenazan estos afectados sobre lo que podría ocurrir en las próximas elecciones: “Multiplique los miles de expedientes sancionadores por cuatro miembros en edad de votar. Tire de calculadora y podrá comprobar el montante de posibles electores que podrían írseles de la mano, cara a las próximas autonómicas. Es su opción”.

Le preguntan a Núñez qué inquina tiene contra el extrarradio y existe algún interés subliminal en concreto, si oculta algo: “Creemos que está abusando de la ley, aprovechando que tiene en la mano la poderosa maquinaria administrativa. Ya se ha visto al no querer reconocer la mencionada sentencia del Supremo sobre la anulación del PGOU”.

Ahora “sigue abusando al continuar notificando unas sanciones sin base legal y contra las que el ciudadano se tiene que defender y probar su inocencia, cuando las garantías constitucionales dicen todo lo contrario, Art. 24.2 de la Constitución Española, garantías que usted mismo dificulta al publicar las notificaciones en el BOP, entre otras lindezas”.

CAPACIDAD NEGOCIADORA

Añaden los afectados que la inmensa mayoría de la población carece de posibilidades de consultar dicho medio de difusión, “de manera que el notificado queda ajeno a toda posibilidad de defensa”. Sin embargo, “hemos confirmado que otro tipo de notificaciones, como sanciones de tráfico, recibos de basura, etc., sí que llegan hasta el afectado. Curiosa circunstancia”.

Todas estas actuaciones “ignorando la ley, no hacen sino provocar una inseguridad jurídica que acaba espantando las inversiones. A las pruebas nos remitimos”.
En último lugar, le recuerdan al edil de Urbanismo que quedó en llamar a esta entidad “una vez se pusiera en contacto con el Ayuntamiento de Mijas (PP) para continuar con este asunto de las sanciones. Aún estamos esperando su llamada”.

Al de Mijas estos vecinos le suman el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (PP): “Éste va más allá al sumarse a la petición de indulto de unas viviendas con expedientes de demolición, ya que podrían ser legalizadas por su zona de ubicación, según un PGOU de próxima aprobación, tal como podría ocurrir en Chiclana con Los Llanos, Melilla y ámbitos similares, caso de existir voluntad política. Le invitamos a que pregunte en El Puerto a ver cómo se hace esto”.

Afirman los afectados por las sanciones urbanísticas que parece ser que Núñez “no tiene capacidad negociadora. Vamos, que no quiere resolver la situación. Que es partidario de arrojar al abismo, con la máxima dureza, a esas familias que usted puso a los pies de los caballos al entregar sus expedientes a la Fiscalía durante el cuatripartito, en lugar de tratar de resolverlos administrativamente”.

Y todo “por puro afán recaudatorio, pues según ustedes, se habían dejado de recaudar 100 millones de euros por no ejecutar las sanciones. Nos remitimos a las hemerotecas. Usted sabrá lo que está haciendo”.