El centro deportivo Costa Sancti Petri sigue abandonado y sin poder acceder a él, a pesar de la rescisión del contrato a la empresa gestora
El centro deportivo Costa Sancti Petri sigue cerrado y sin que hasta el momento el Ayuntamiento haya podido hacerse cargo de él, tras resolver el contrato que tienen con la empresa Sport Assessment, SL, que fue aprobado en el pleno de julio. Por ello, el Consistorio ha pedido al Juzgado autorización para acceder a las instalaciones. Mientras tanto, los trabajadores continúan sin poder cobrar el paro una vez que se acabó el ERTE, ya que no les dan de baja en la Seguridad Social.
Este centro deportivo ha tenido problemas desde que se puso la primera piedra. Las obras se retrasaron, el Ayuntamiento regido por José María Román no pagaba a la empresa que las llevaba a cabo, teniendo que hacerlo su sucesor, Ernesto Marín ante el plante de ésta; los vecinos de Costa Sancti se manifestaron por el cambio del proyecto; la Junta mandó un dinero para este fin y Román le dio la mitad a la empresa y el resto no se sabe dónde fue a parar, etc., hasta llegar al momento actual.
FINANCIADO POR LA JUNTA Y EL AYUNTAMIENTO
El 23 de octubre de 2012 se formalizó el contrato por el que se adjudicó a Royal Star Europe, SL la concesión para la gestión, mantenimiento y equipamiento del centro, con una duración de 20 años, contados desde la firma del acta de inicio de la prestación del servicio, el 5 de noviembre de 2012, y prorrogable por un periodo quinquenal, sin que la duración total del mismo pueda exceder de 25 años.
La construcción de este nuevo centro supuso una inversión de algo más de 4,2 millones de euros, de los que el Ayuntamiento aportó 2,4 millones, mientras que el resto fue financiado por la Junta de Andalucía. La entidad adjudicataria debería abonar al Ayuntamiento una cantidad mínima de 9.000 euros anuales, mejorable al alza. El edificio, de forma trapezoidal, dispone de 7.579 metros cuadrados. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial Agroman y Construcciones Erpa realizó las obras.
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Este proyecto sufrió una suspensión parcial, debido fundamentalmente a la falta de pagos, ya que el equipo de gobierno socialista, mandado por Román, destinó una partida de 1,5 millones de euros, procedentes de la Junta, “a unos fines distintos”, según denunció el gobierno que le sustituyó, regido por Marín. Tras varios meses de paralización, el Ayuntamiento de Chiclana llegó a un acuerdo con la UTE, consistente en la puesta en marcha de un plan de pagos que permitió la reanudación de los trabajos.
Decíamos que los problemas existen desde que se colocó la primera piedra el 20 de julio de 2010. El día que el alcalde puso ésta, los vecinos de la zona se manifestaron y protestaron por unos cambios que nadie les consultó y que les perjudicaba gravemente.
PROTESTA DE LOS VECINOS
José María Román se encontró con unos ciudadanos muy enfadados, porque el proyecto diseñado y aprobado, además de licitado inicialmente, no era el mismo que les querían colar. Se habían producido una serie de cambios con los que no estaban de acuerdo, por lo que se plantaron en el lugar donde se llevaba a cabo el acto, portando pancartas y mostrando su enojo.
Poco antes habían presentado en el Registro de Entrada del Ayuntamiento una carta dirigida al alcalde, en la que le explicaban sus quejas, misiva que le leyeron en ese momento y que le entregaron en mano. Román dijo desconocer cuál era el problema (ilógico siendo el regidor, tratándose de un proyecto como éste y habiéndose producido unos cambios muy significativos, que seguro que el arquitecto no ejecutó sin su consentimiento) y quedó en tratar el asunto con los técnicos.
OBJETIVO CONSEGUIDO
Tras la reunión entre el arquitecto municipal y los vecinos se llegó a un acuerdo que satisfizo a ambas partes, especialmente la vecinal, que logró que no se hiciera lo proyectado posteriormente.
La nueva reestructuración del proyecto permitió a los residentes recuperar la zona de arbolado existente en el proyecto inicial y, aunque el pabellón cubierto no vuelve a su origen, al menos se desplaza nueve metros hacia el interior del complejo deportivo por el lado que linda con la calle Estribor y dos metros por la linde de la calle peatonal, rebajándose además la altura de dicho pabellón.
Esto remediaba el impacto que hubiera provocado tener a pie de acera un muro de más de siete metros de altura, que habría dejado la calle peatonal con las viviendas completamente encajonadas, y la calle Estribor enfrentada al muro en cuestión.
ROMÁN NO PAGABA A LA UTE
Comenzaron las obras y todo discurría con normalidad, hasta que un día se pararon. Ernesto Marín llegó de nuevo al Ayuntamiento en 2011 y se encontró con el pastel. Esta suspensión parcial se debió fundamentalmente a la falta de pagos del anterior equipo de gobierno, que destinó una partida de 1,5 millones de euros, procedentes de la Junta, a otros fines.
Después de arduas negociaciones con las constructoras, llegó a un acuerdo consistente en la puesta en marcha de un plan de pagos, que se concretó en un plazo de seis meses para la obra pendiente de realizar, que se cifró en cerca de un millón de euros, mientras que el resto de la deuda pendiente, en torno a un millón y medio, se realizaría en trece pagos.
Tras varios meses de paralización, el 21 de octubre de ese año Marín anunció la reanudación de las obras de construcción del Pabellón Polideportivo de Costa Sancti Petri, tras llegar a un acuerdo con la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de los trabajos.
APERTURA DEL CENTRO DEPORTIVO
En septiembre de 2008 se firmó el convenio con la Junta de Andalucía, pero la primera piedra no se pone hasta 2010. Dos años esperó Román y la finalización tenía que ser en diciembre de 2011, pero él mismo paró la obra en mayo de ese año.
Tras llegar al Gobierno el PP había que terminarlo, “pero era imposible hacerlo como se concibió por Román, como un centro de lujo. Tuvimos que ir rebajando para poder terminar la obra. Y hubo que hacer ciertos arreglos porque había problemas en su proyecto. El resultado es magnífico y ahí está”, afirmaba Ernesto Marín. En octubre de 2012 se abrían las puertas del centro deportivo, un año más tarde del acuerdo firmado con la Junta por Román.
Hasta diciembre de 2019 los trabajadores estuvieron contratados por la empresa Royal Star Europe S.L. El propietario era dueño a su vez de la sociedad Sports Assesment S.L. a la que el Ayuntamiento de Chiclana autorizó traspasar la concesión de la actividad del Centro Deportivo. Esta última sociedad, una vez obtenida la concesión, es vendida el 10 de diciembre de 2019 a un nuevo propietario, Abraham Holgado Ramírez.
COMIENZAN LOS PROBLEMAS
A partir de diciembre de 2019 la gestión de la actividad del Centro deportivo pasó a los nuevos propietarios, ofreciendo contratos nuevos a los trabajadores, que en esa fecha seguían estando de alta en Royal Star Europe S.L., la primera empresa que les contrató, sin respetar la obligatoriedad de subrogar los mismos, en unas condiciones que no tenían nada que ver con los contratos existentes.
El 31 de diciembre Royal Star Europe S.L. da de baja a todos los trabajadores en la Seguridad Social, dando de alta los que aceptaron, forzados, los nuevos contratos en Sport Assessment S.L., aunque alguno no hubiera firmado contrato alguno y no tuviera copia hasta al día de hoy ni del contrato ni de las nominas.
DESPIDOS POR NO ACEPTAR LOS NUEVOS CONTRATOS
Dos trabajadores que no accedieron a firmar fueron expulsados de la empresa. Existen varias denuncias al no permitírseles el acceso a las instalaciones, al considerar que los contratos no respetaban el que tenían hasta ese momento. Asimismo, hay un tercer trabajador que no accedió a firmar los contratos que le fueron ofrecidos, pero que decidió abandonar la empresa ante la situación que se estaba produciendo.
Así mismo, dos autónomas que explotaban desde hace más de dos años la cafetería, se encuentran en una situación de desamparo al no existir ningún documento contractual que justifique el arrendamiento de dicha cafetería.
RETRASO EN LOS PAGOS
Desde que se hizo cargo la nueva gerencia se han producido una serie de incidencias como retraso en el pago de nominas, que fueron abonadas en efectivo;
contratación simultánea en la empresa titular de la explotación y otra llamada All Star Fits S.L. con contratos por obras y servicios cuando los de Royal Star Europe S.L. eran como indefinidos.
Incidencias continuas en las instalaciones como cortes de agua, avería de maquinarias y múltiples hojas de reclamaciones de los usuarios por las deficiencias de las instalaciones, situación que provoca el inicio del expediente de rescate de la concesión por parte del Ayuntamiento.
CIERRE DEL CENTRO POR EL CORONAVIRUS
El 16 de marzo de 2020 cesa la actividad del centro con motivo del decreto de estado de alarma, pasando todos los trabajadores a un ERTE por el que perciben la prestación por desempleo inicialmente hasta el 30 de junio, que posteriormente fue prorrogado de forma automática hasta el 2 de octubre.
Los operarios siguen de alta en la Seguridad Social en las dos empresas mencionadas anteriormente, no habiendo solicitado éstas la ampliación del ERTE, por lo que han dejado de percibir la prestación por desempleo.
Al no haberse ampliado el ERTE, los trabajadores se han personado en las instalaciones con el objeto de reincorporarse a sus correspondientes puestos, no pudiendo acceder al centro por estar cerrado y no tener conocimiento alguno de las intenciones de la empresa. Ante esta situación llamaron a la Policía Local para que hiciera un informe sobre la imposibilidad de acceder a su trabajo.
SIN TRABAJAR NI COBRAR EL PARO
Durante el estado de alarma y ante las incidencias acontecidas, el Ayuntamiento, en un pleno municipal, promovió el rescate de la concesión respetando los plazos legalmente establecidos y estando únicamente pendiente de la entrega de llaves, que ha sido requerido a la empresa sin éxito, por lo que ha procedido su requerimiento por vía judicial.
Debido a esta situación los trabajadores actualmente se encuentran sin poder trabajar ni percibir la prestación por desempleo, al seguir de alta en la SS en la empresa a la que se le ha quitado la explotación y el Ayuntamiento no poder reiniciar la actividad.
PETICIÓN URGENTE AL JUZGADO
Tras aprobarse en el pleno el rescate de este complejo deportivo y viendo el nulo caso que ha hecho la empresa para resolverlo, el Consistorio ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que se expida con carácter urgente, autorización judicial para la entrada en dicho lugar, para llevar a cabo las gestiones y actuaciones precisas para la ejecución forzosa y orden de lanzamiento, previsto en el acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal del pasado 24 de septiembre.
Ante el evidente estado de abandono que presentan dichas instalaciones y a fin de evitar mayores daños en las mismas, que vienen siendo objeto de numerosos actos vandálicos, con evidente menoscabo del patrimonio público, el Gobierno municipal ha reclamado al Juzgado que le autorice, a la mayor brevedad posible, acceder al centro deportivo.
LA EMPRESA NO RESPONDE
El concejal de Deportes, José Manuel Vera, manifestó que “pese a la aprobación en el Pleno de julio, con el voto unánime de la Corporación, de la resolución del contrato administrativo de concesión para la gestión, mantenimiento y equipamiento del Centro Deportivo con Sport Assessment SL, y ante la falta de respuesta por parte de dicha empresa, en la sesión plenaria de septiembre se inició el expediente de desahucio administrativo, acordando requerir a la citada entidad para el desalojo del centro en el plazo de quince días hábiles”.
Añadió que “se le ha notificado en dos ocasiones a la empresa sin obtener respuesta alguna por parte de la misma”. Esta situación se agrava ante la falta de mantenimiento y vigilancia de dichas instalaciones, hasta el punto de que el pasado 10 de octubre tuvo que intervenir la Policía Local en un caso de un accidente en el campo de fútbol de ese lugar, viéndose forzada a romper el candado de la puerta para auxiliar al menor que había accedido y que había sufrido distintas lesiones.
ACTOS VANDÁLICOS
Reseñó el edil que “lo cierto es que el centro se encuentra completamente cerrado, sin que desde Sport Assessment SL hayan accedido a desalojar el mismo, ni pudiendo el Consistorio acceder a él para llevar a cabo las gestiones oportunas de revisión del inmueble antes de su puesta en marcha”.
Vera incidió en que “la falta de mantenimiento y los actos vandálicos están provocando que se esté deteriorando el centro deportivo, sin que podamos actuar hasta que no lo autorice el juez”. Por ello, y ante la falta de respuesta de la empresa que hasta julio era concesionaria del servicio, “nos hemos visto obligados a pedir al juez que nos autorice la entrada, para a poder realizar las gestiones que sean necesarias para la ejecución forzosa y orden de lanzamiento”.
Reseñar que mediante acuerdo plenario de 22 de mayo de 2019, se autorizó la cesión del referido contrato en favor de Sport Assessment SL, cesión que fue formalizada en escritura pública en el mes de noviembre. Y, por último, ante los incumplimientos en la gestión del servicio, el 28 de mayo se aprobó en Pleno iniciar el expediente administrativo para la resolución del contrato administrativo de concesión para la gestión, mantenimiento y equipamiento del Centro con dicha entidad.
GAFADO DESDE EL PRIMER DÍA
Es increíble lo que ha pasado con estas instalaciones, pero como dice el refrán, lo que mal empieza, mal acaba. Este centro deportivo está gafado desde el primer día. Pero las cosas no ocurren porque sí. Hacen un proyecto que perjudica a los vecinos y éstos tienen que defender sus derechos.
Y lo hacen cuando se coloca la primera piedra, día de fiesta para el político, pero que le salió rana. Después éste no paga a la empresa que construye el complejo, por lo que para los trabajos, dejando el embolado para su sustituto, que tiene que arreglar el desaguisado.
Cambios de empresa adjudicataria, que es del mismo dueño, venta a otra, contratos irregulares, empleados que se niegan a firmarlos, expulsión de éstos, tardanza en los pagos, etc. Y encima, por si fuera poco, el coronavirus, y los trabajadores sin poder hacer sus labores y sin cobrar el desempleo porque la empresa primigenia no les dio de baja en la Seguridad Social ni amplió el ERTE. Y cuando el Consistorio recupera la gestión, no puede entrar y tiene que acudir al juez para que éste lo autorice. Esta historia da para una novela, negra, por supuesto. ¿Qué pasará? Seguimos esperando…
PACO LÓPEZ
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