El Partido Vecinal Regionalista pide al PSOE la participación ciudadana en la calificación de las zonas inundables

“Los derechos de los ciudadanos se ven a menudo afectados e infravalorados por las autoridades”

El Partido Vecinal Regionalista ha emitido una nota de prensa en la que hace una serie de puntualizaciones al avance del nuevo PGOU, que pretende sacar adelante el PSOE antes de que el Tribunal Supremo emita su fallo sobre el anterior, anulado tres veces por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Manifiesta este partido recientemente creado que “partiendo de la base de que las tomas contenidas en los planos tienen varios años, lo que hará difícil saber la realidad de una ciudad como Chiclana, nos encontramos con situaciones que requieren aclaraciones”.

Sobre las declaraciones de la concejala de Urbanismo, Cándida Verdier, respecto al estudio realizado por la Agencia Andaluza del Agua sobre las zonas inundables, que según ésta es de obligatorio cumplimiento introducirlas en el nuevo PGOU, “pedimos que informen a la ciudadanía desde cuándo no limpian márgenes o fondos, por ejemplo de los arroyos Carrajolilla, Salinetas, Ahogarratones y a su vez el arroyo La Janda”.

Y ya que estamos en una fase inicial en la que, según Verdier, es posible introducir modificaciones y sugerencias de los ciudadanos, “solicitamos la participación ciudadana de las zonas afectadas de acuerdo con el artículo 47 de nuestra Constitución, Art. 7 del Tratado de la Unión Europea y su correspondiente en la LOUA, por los que se deben calificar las zonas con la participación de los vecinos afectados”.

Así mismo, “solicitamos se nos informe quién, además de la empresa “Territorio y Ciudad S.L” representada por el Arquitecto Fustegueras, interviene en la calificación del suelo, puesto que una empresa privada por sí sola no podría hacerlo”.

Piden que se disponga de información y estudios geológicos así como la participación de técnicos especializados: “Todos sabemos que esta empresa ya citada elaboró los tres Planes Generales anteriores y que fueron rechazados por la Justicia, y en los que las zonas que hoy denominan “inundables”, figuraban como urbanizables”.

INTERESES OCULTOS

Además, pregunta el Partido Vecinal Regionalista, “¿existía la Agencia Andaluza del Agua cuando se elaboraron esos Planes Generales? ¿Durante 15 años no ha llovido con intensidad alguna vez, como para darse cuenta si estas zonas eran inundables o no? ¿Si la Justicia no hubiera revocado el último Plan General elaborado (hoy en el Tribunal Supremo) cómo figurarían estas zonas?”.

“Nos quedan serias dudas en la forma de designación por parte de la Autoridades Municipales a estas empresas –añade el PVRE-, así como los intereses ocultos que pueden existir, pues después de varios fracasos continúan otorgando responsabilidades y poderes que consideramos excesivos”.

Preguntan también “qué garantía tenemos los ciudadanos de que, una vez revisado y estudiado el nuevo PGOU, no corra la misma suerte que los tres anteriores, que sólo sirvieron para tirarlos a la papelera”. Y para gastar muchos millones de pesetas en ellos.

Esto que expone tanto Urbanismo como el Plan General “nos indica que hay una falta de precisión, claridad y certidumbre respecto a los derechos de propiedad individual contemplados en la legislación. Los derechos de los ciudadanos se ven a menudo afectados e infravalorados por las autoridades, que piensan que tienen todo el derecho a decidir sobre el futuro de las personas”.

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

La obligación de ceder propiedad privada, adquirida legítimamente, “vulnera los derechos fundamentales de las personas, a la luz de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Dice en un párrafo de la memoria del avance del Plan General que “desde el punto de vista urbanístico es consecuencia de un Plan (no dice cuál) que, a partir de una información insuficiente ordenó el territorio de una forma arbitraria”.

Por otro lado, las normas urbanísticas contenidas en el Plan “disponen de un amplio margen de ambigüedad que originaron interpretaciones favorables sólo a la máxima edificabilidad, en una época en que el desarrollismo a ultranza ha sido denominador común del crecimiento de nuestras ciudades”.

Señala este partido que “si hacemos una interpretación a fondo veremos que de diferente manera, si aprueban este Plan General, estaremos en una mayor ambigüedad además de, no nos queda más remedio que pensar, perjudicando no sabemos si justificadamente a unos y beneficiando a otros, posiblemente convirtiendo sus tierras rurales en urbanizables, tampoco sabemos si justificadamente”.

Los cambios, “creemos que erróneos”, de algunas calificaciones del suelo, “nos hace poner más celo y, repetimos, exigir la participación ciudadana para llevarlos a cabo”. “Pedimos –añadieron- que se efectúe una auditoría real, exacta y actual del número de viviendas por zonas”, por ejemplo, suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable sectorizado, suelo blanco y construcciones en zonas totalmente prohibidas.

CENSO EXACTO Y REAL DE LOS HABITANTES POR ZONAS

Solicitan además “un censo exacto y real de habitantes por zonas (el que figura en la memoria del año 2008). Necesitamos saber cuántas viviendas serían afectadas y no “regularizables” al pasar el suelo urbano a blanco. Que todos los vecinos afectados participen de su futuro, es su derecho y esperamos que esta vez sea respetada escrupulosamente la ley”.

Asevera el Partido Vecinal Regionalista que desean disponer de un Plan General, “pero con el máximo consenso y que no actúen con las ordenanzas, que hoy ya no sirven para nada y no podrán ser aplicables. Si estas personas que dice la delegada de Urbanismo no podrán regularizarse ¿qué hubiera ocurrido si lo hubieran hecho?”.

Esta formación avisa que “estaremos pendientes de aquello que, de forma arbitraria, pueda perjudicar a los vecinos, sean españoles o comunitarios, afirmando que “actuaremos en defensa de todos los ciudadanos y de acuerdo a la legislación vigente. No permitiremos un solo abuso despreciando la legalidad por parte de ninguna autoridad y que vaya en perjuicio de la ciudadanía”.

Finalizan diciendo que “estudiaremos qué viviendas, por qué y de qué informes disponen para que de forma, quizá no acertada, dejen fuera de ordenación a cientos de familias que se verán totalmente perjudicadas, por lo que advertimos por último que presten la máxima atención al Plan General en elaboración y que no tenga riesgo de ser rechazado por los ciudadanos y por la justicia”.