Encuentro entre Ayuntamiento e inmobiliarias para hablar del proceso de regularización de viviendas

Una decena de empresas del sector trataron distintos aspectos del proceso, “con el objetivo de trabajar de forma conjunta y con absoluta transparencia”.-

El alcalde de Chiclana, José María Román, y las delegadas de Urbanismo y Diseminado, Ana González y Cándida Verdier respectivamente, junto al técnico municipal Ataulfo Fernández, mantuvieron un encuentro con una decena de inmobiliarias chiclaneras para abordar distintos aspectos del Plan General y la Ordenanza de Regularización.

El objetivo era aclarar las dudas que pueden surgir en el proceso de regularización de viviendas, así como cuestiones jurídicas a la hora de la venta de parcelas de la zona del extrarradio.

Manifestó el regidor que “ante la incertidumbre que pueda provocar la nueva situación urbanística, una vez en vigor la Ordenanza de Regularización, hemos mantenido este encuentro, que desde la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la Provincia de Cádiz (GICA) nos habían solicitado con los técnicos municipales”.

Estuvieron presentes el presidente de GICA y gerente de la inmobiliaria Campomar, Juan José Butrón, así como representantes de las inmobiliarias City 10, Fincaymar, Beltrán y Bellido, Alameda, Finmohogar, Grupo Fincas, Surhogar, Grandal y Servigestión, que habían mostrado su interés en mantener esta reunión para aclarar cómo se prevé el proceso de regularización, al que pueden acogerse más de 13.000 viviendas situadas en la zona del diseminado, así como la situación jurídica de los inmuebles de dicha zona.

FINANCIACIÓN

Agregó Román que “era muy importante mantener esta reunión con las distintas inmobiliarias que trabajan en Chiclana, porque de esta forma podemos afrontar este proceso de forma conjunta, contando con la opinión de los profesionales del sector, ya que no solo se verán afectados los propietarios de las parcelas, sino que también están implicadas en la regularización de viviendas las empresas inmobiliarias, que cuentan con terrenos y edificaciones para su venta o alquiler”.

“Somos conscientes de que será una ardua tarea-continuó diciendo- , pero vamos a poner todo nuestro empeño en que el proceso de regularización de viviendas sea una realidad y los vecinos de suelos urbanos no consolidados puedan obtener, al menos, los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado y, si es posible, la regularización de sus viviendas, lo que les proporcionará seguridad jurídica y, sobre todo, mayor calidad de vida, ya que podrán consumir agua potable de la red general, así como evitar que las aguas residuales se depositen en el subsuelo”.

Declaró así mismo que “para facilitar las inversiones que los propietarios deban realizar, hemos alcanzado un acuerdo con una entidad financiera como Cajasur, a través del cual se pretende facilitar la financiación de las inversiones que realicen los ciudadanos dentro de la convocatoria municipal para la regularización de viviendas en el término municipal, con el fin de que puedan obtener financiación en condiciones ventajosas para hacer frente a las actuaciones necesarias”.

GARANTÍAS

Román mostró su confianza en que “este tipo de reuniones puedan seguir desarrollándose en el futuro, con el objetivo de seguir trabajando de forma conjunta, con el fin de que aquellas cuestiones que puedan crear incertidumbre entre los vecinos, empresas del sector inmobiliario e inversores puedan resolverse, garantizando así una mayor seguridad entre la ciudadanía”.

Añadió que “este Gobierno municipal tiende su mano para que todo este proceso de regularización de viviendas pueda afrontarse con todas las garantías y, sobre todo, con transparencia, ya que solo así podrá desarrollarse de forma satisfactoria”.

Una vez la Ordenanza de Regularización se encuentra en vigor desde el pasado 29 de septiembre, 635 viviendas ubicadas junto a suelos urbanos consolidados en diez áreas diferentes, tienen la posibilidad de incorporarse al proceso de forma inmediata, mientras que aquellos vecinos que tienen cerca los servicios de abastecimiento y saneamiento ya pueden comenzar a trabajar para ello, aunque en este caso es necesario delimitar el área de actuación y elaborar el correspondiente proyecto de urbanización.

Alrededor de 16.000 parcelas en una superficie total de 22,5 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidados, pueden acogerse a este proceso de regularización.