La “Asociación por un IBI Real” pide la destitución de Román “por la deslealtad hacia la ciudadanía y al PSOE”

Presentó una batería de alegaciones contra la subida de impuestos del equipo de gobierno que lidera.-

La asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI real ha presentado alegaciones hacia el Expediente de Modificación de las Ordenanzas Fiscales números 2, 12 y 22, que fueron aprobadas provisionalmente en el pleno extraordinario el pasado día 15 de octubre. También pide la destitución del alcalde, José María Román, “por la deslealtad hacia la ciudadanía y al PSOE”.

Tras personarse miembros de la entidad en el periodo de información pública y examinar el expediente, la directiva aprobó presentar alegaciones contra las subidas en impuestos y tasas, alegando diversos motivos sociales y económicos.

Lo más grave “ha sido y es la deslealtad de Román hacia los contribuyentes cumplidores de Chiclana, tras comprobar cómo no ha sido capaz de cumplir nada de los puntos acordados en el documento de compromisos electorales, ni en el convenio de colaboración firmados con nuestra asociación”.

Pide públicamente al PSOE que aplique el código ético y destituya a José María Román “por el daño que está haciendo a los chiclaneros y también a su partido. No se puede seguir asfixiando más la economía familiar con nuevas subidas injustificadas de impuestos como el IBI, al incrementarlo en ocho veces el IPC del pasado año que fue del 1,1%, sobre todo cuando recientemente, en 2017, hizo una subida temeraria del 19%, lo que significa que en tres años la presión fiscal en Chiclana ha aumentado cerca de un 30%”.

 

 

EL ALCALDE NO CUMPLE SU PALABRA

Un alcalde que no cumple con su palabra, ni tampoco lo que firma, “no es digno de continuar en el sillón de alcaldía y exigimos al comité local, provincial y regional del PSOE, la necesidad de un cambio de rumbo en la alcaldía, con una persona que sea honesta y leal con los chiclaneros”.

Los acuerdos que se firman “se hacen para cumplirlos y Román firmó en su día de unos compromisos electorales como candidato a la alcaldía y, posteriormente, un convenio de colaboración ya como regidor, de los cuales, tras 4 años, no ha cumplido ni un solo punto de lo acordado y firmado”.

Durante la concentración convocada por la asociación en la plaza de la Constitución (Ayuntamiento) el pasado 28 de octubre, coincidiendo con el pleno ordinario, “más de medio millar de ciudadanos alzaron sus voces pidiendo su dimisión. Los ciudadanos le recordaron a Román los acuerdos firmados sobre la revisión de los valores catastral que toda Chiclana espera se haga de sus viviendas, y que fue aprobado por unanimidad en el pleno extraordinario celebrado el 28 de enero 2014”.

En el texto de las alegaciones presentadas, la asociación vuelve a insistir “en el descrédito que Román viene haciendo hacia nuestra Constitución Española y las leyes derivadas de ésta, tanto a nivel estatal, como autonómicas y europeas”.

“A ROMÁN NO LE GUSTA LA DEMOCRACIA”

Que a José María Román no le gusta la democracia “es un hecho constatable por cualquier ciudadano. La nula disposición al diálogo con éste de consultas previas antes de tomar decisiones que a todos nos afectan, la no puesta en marcha de lo que dicta la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, el desprecio que viene haciendo hacia la Ley de Procedimiento Administrativo, a la Ley de Transparencia Estatal y Autonómica, evidencian la gestión oscurantista y el desprecio hacia el sistema actual que vivimos de democracia”.

La asociación vuelve a insistir en sus alegaciones presentadas, “que en lugar de subir impuestos lo que deben de hacer es ajustar y controlar los gastos, así como el de reducir los sueldos del alcalde y de los concejales y tomar medidas valientes como eliminar la mitad de concejales liberados y esa gran cantidad de asesores de alcaldía, amiguetes de Román. Esto aliviaría considerablemente esas cuantiosas partidas de gastos innecesarios”.

La entidad social se opone a la propuesta de Román de incluir en la ordenanza fiscal nº 2, Reguladora de la Tasa por recogida y retirada de vehículos en la vía pública, el que se incluyan a las bicicletas y patinetes, alegando que son medios para la movilidad personal, por los que se viene fomentando desde las Administraciones, asociaciones ecologistas, ONG y ciudadanía su uso para combatir el cambio climáticos, dada su no emisión de CO2.

La medida es “claramente recaudatoria ya que la retirada por la grúa, sea de bicicletas o patinetes, suponen 40 euros de la grúa, más 2,5 euros del depósito diarios y la posterior sanción, lo cual nos parece descabellada esta propuesta”.

 

 

PARO Y RIESGO DE POBREZA

Igualmente, y en relación con la propuesta de modificación de las tarifas de los precios públicos por la prestación y el uso de las instalaciones deportivas, con una subida del 0,5%, suponen “una contrariedad hacia el fomento de estas instalaciones que de por sí ya tienen un precio bastante elevado”.

Vuelve a denunciar que otra vez subir el IBI, “sin adecuar antes los valores catastrales a la realidad del mercado inmobiliario”, supone elevar el tipo impositivo al doble y por tanto, “la presión fiscal se agrava aún más para el contribuyente. No está justificada esta subida del 9% sobre la base imponible y menos aún tras la reciente subida temeraria que se hizo en 2017 del 19%. No se puede seguir asfixiando más la economía de los chiclaneros”.

En la actualidad hay más de 10.000 personas desempleadas. Tres de cada cinco chiclaneros “son pobres y casi la mitad de la población se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según la EAPNM de Andalucía”. Un 17,4% de las familias llegan con dificultad a fin de mes, un 3,2% más que el año pasado. Uno de cada cinco chiclaneros está en exclusión social, según informe de Caritas del año pasado.

RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN

La asociación le recuerda “al ahora trifachito, PSOE-Ganemos-IU, que en el 2016 hubo más de 83 millones de euros pendientes de cobro en impuestos, la mayor parte procedentes del IBI. Que se hizo en 2017 un convenio con el Servicio de Recaudación de Diputación pensando que mejorarían la cobranza y reducirían la morosidad que se encontraba en un 24,7%, y la realidad, tras 3 años, es bien distinta”.

Los objetivos marcados “no solo no se han logrado, sino que continuamos con una alta morosidad por encima del 30, %. Cuestión que habrá que resolver dado que el próximo año vence el periodo pactado de cuatro años con Diputación”.

La Asociación por un IBI Real espera que la actual Corporación Municipal atienda las alegaciones presentadas por los ciudadanos y sus organizaciones, “dando su no aprobación definitiva a estas subidas de impuestos”. Invita a que tomen nota de otros ayuntamientos cercanos como el de Jerez, “donde su alcaldesa descartó incrementar la carga fiscal para 2020, no contemplando una subida de impuestos”.