Igualdad destina 6,2 millones a la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Cádiz
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la Orden por la que se distribuyen 6.254.342,49 euros entre las entidades locales gaditanas, para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios, correspondientes al ejercicio 2022. En Andalucía, la cifra asciende a 41.750.905 euros. La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Ana Fidalgo, subrayó la importancia de estos servicios, que cuentan con un millón de personas usuarias en Andalucía.
Comentó que “como centros de proximidad a la ciudadanía, son la puerta de entrada a servicios y prestaciones tan importantes como la atención a las situaciones de dependencia o a la Renta Mínima de Inserción Social. En estos servicios se llevan a cabo las primeras atenciones y prestaciones a la población, facilitando información, orientación, valoración y asesoramiento tanto para el acceso a servicios sociales como a recursos de otros sistemas de protección social”.
En Cádiz los créditos presupuestarios destinados a la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía serán transferidos por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a la Diputación provincial (988.303,04 euros) y a los ayuntamientos de Cádiz (729.958,05), Jerez de la Frontera (1.012.972,03), Algeciras (589.016,08), Arcos de la Frontera (140.187,77), Barbate (117.882,90), Los Barrios (143.820,04).
A Chiclana le corresponden (406.459 euros), Conil (138.267,48), La Línea de la Concepción (287.895,06), El Puerto de Santa María (438.701,61), Puerto Real (193.469,53), Rota (135.937,75), San Fernando (477.435,01), San Roque (138.217,74) y Sanlúcar de Barrameda (315.819,40), como municipios con población superior a veinte mil habitantes.
RED DE CENTROS MÁS EXTENSA DEL PAÍS
De nuevo para este ejercicio, la Junta adelanta su aportación a la de la Administración General del Estado y, por primera vez desde hace décadas, publica la distribución de estos créditos en el primer trimestre del ejercicio.
Estas cantidades serán destinadas a garantizar la continuidad de los efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía y, específicamente, de las contrataciones realizadas por las entidades locales para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en la Renta Mínima de Inserción Social.
Ana Fidalgo reseñó que “la Comunidad andaluza cuenta con la red de centros de Servicios Sociales Comunitarios más extensa del país con 250 recursos, distribuidos por la geografía de nuestra tierra, en la que trabajan más de 40.000 profesionales, de los que más de 35.000 son mujeres”, resaltando “el gran trabajo” que realizan, de quienes ha destacado su contribución a la cohesión social.
LA JUNTA ASUME EL 70% DE LA FINANCIACIÓN
Por otra parte, la delegada avanzó que el nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía, apostará por una reorganización del modelo de los servicios sociales comunitarios, a fin de mejorar la accesibilidad al sistema y adecuar la distribución de recursos a las necesidades de cada zona de intervención.
Esta es una de las conclusiones aportadas por el estudio elaborado por la Consejería y la Universidad Pablo de Olavide que constata la infrafinanciación de este recurso: “El incumplimiento de la ley por parte del Gobierno central, limita su aportación a un anecdótico 2%, de tal manera que el peso de este sistema de protección de la población más vulnerable, recae en las comunidades autónomas, que en el caso de Andalucía soporta el 70% de la inversión”.
El estudio señala que es la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la Administración que soporta el 70% de la financiación del sistema de servicios sociales, con una inversión superior a los 629 millones de euros durante 2019, el periodo analizado.
La Administración local aporta el 27% (de los que el 19%, 176 millones, corresponde a municipios mayores de 20.000 habitantes y el 8%, otros 69 millones, a las Diputaciones). Por el contrario, la Administración central apenas aporta un 2%, en torno a los 18 millones de euros y las personas beneficiarias el 1%.
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