“La Junta de Andalucía aprueba la cuarta amnistía a las viviendas ilegales”

Les pone en bandeja a sus propietarios la “regularización”, con los mismos derechos que los que han construido legalmente y con escasas obligaciones.-

La Asamblea de Ecologistas en Acción Andalucía, celebrada el pasado fin de semana en Punta Umbría, aprobó por unanimidad una resolución por la que se rechaza de forma rotunda el Decreto-Ley 3/2019 aprobado por la Junta de Andalucía, que supone la cuarta amnistía a las viviendas ilegales en Andalucía y da vía libre para recurrirlo.

El Gobierno del PSOE de la Junta de Andalucía abrió las puertas a la regularización de viviendas ilegales en 2012, cuando aprobó un Decreto que pretendía la “regularización” de las más de 300.000 viviendas ilegales que hay en la Comunidad, permitiendo dotarlas de servicios mínimos y blindándolas contra la acción de la disciplina urbanística.

En 2015, modificó la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para legalizar también las urbanizaciones ilegales, haciéndolas prescriptibles. Paralelamente, “el gobierno de Rajoy amnistiaba a las viviendas ilegales construidas en Dominio Público Marítimo-Terrestre, con una modificación de la Ley de Costas”.

El nuevo Gobierno de la Junta (PP-Cs) aprueba ahora un nuevo cambio de la LOUA y, también, del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), para la “regularización” de viviendas ilegales, concediéndoles, prácticamente, “los mismos derechos que las que se han construido legalmente y con escasas obligaciones”.

 

IMPUNIDAD DEL URBANISMO ILEGAL

Este nuevo Decreto-Ley “incluye novedades muy peligrosas, que provocarán la total impunidad del urbanismo ilegal, y un efecto llamada sin precedentes”. Permite la regularización de prácticamente todas las viviendas ilegales. Se introduce la figura de un Plan Especial que determinará la fórmula de regularización, “que aprobarán los mismos ayuntamientos que han permitido estas miles de viviendas ilegales”.

Incluso, se podrán regularizar viviendas construidas de forma ilegal en suelos destinados a dotaciones públicas o en terrenos inundables, eso sí, se le pedirá a los propietarios de estas casas que “suscriban una declaración responsable en la que expresen claramente que conocen y asumen los riesgos existentes y las medidas aplicables”.

 
Los ayuntamientos podrán reducir las cesiones de suelos para equipamientos o zonas verdes. Otra novedad que provoca la máxima alarma es que se permitirá la regularización de viviendas ilegales en suelo de especial protección, si se “acredita la inexistencia de los valores que determinaron la protección de dichos terrenos”; todo un estímulo desde la ley para incumplirla.

La aplicación del Decreto-Ley se extiende a edificaciones ilegales en suelo urbano no consolidado y urbanizable. Es decir, aquellas urbanizaciones que están en trámite de legalización en los PGOUs, podrán dotarse de servicios sin haberse aprobado los planes parciales o los proyectos de urbanización, “lo que provocará la paralización de este planeamiento por los mayores costes que conlleva”.

AL SERVICIO DE ESPECULADORES Y CONSTRUCTORES ILEGALES

Señalan los ecologistas que “el colmo del despropósito es la modificación de la normativa sobre disciplina urbanística. Se permite aplicar una equivalencia a las sanciones que, según la normativa actual, debe terminar con la demolición de lo ilegalmente construido”.

Así mismo, denuncia que los políticos que han gobernado la Junta de Andalucía “han estado y siguen estando al servicio de los especuladores y de los constructores ilegales”.

La primera norma que ha aprobado el gobierno PP-Cs es “para favorecer el urbanismo ilegal, en vez de aprobar normas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna, en lugar de potenciar la disciplina urbanística, en lugar de mejorar la movilidad sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en lugar de mejorar las dotaciones públicas”. 

Ecologistas en Acción estudiará la posibilidad de recurrir este Decreto-Ley ante los tribunales, “por ser lesivo al interés general, vulnerar legislación de rango superior y no haberse sometido a los obligados trámites de consultas previas en los órganos de participación ciudadana”.