El Ayto. derribó las diez viviendas “sabiendo que la jueza admitió el recurso de apelación de los vecinos”

La resolución se firmó el mismo día que intentaron echarlas abajo por primera vez, tres antes de llevarlo a cabo

Los propietarios de las diez viviendas derribadas el pasado 21 de diciembre han denunciado que el Ayuntamiento conocía la admisión por parte de la jueza del recurso de apelación presentado por ellos el día 14, decisión que anulaba de momento el derribo de las casas. Cándida Verdier dijo desconocer este hecho, pero los propios vecinos se lo confirmaron días antes del derribo. “Ha sido un decisión política tirar las casas”, aseguran, anunciando una huelga de hambre a partir del lunes. (FOTO: Los afectados presentaron diversa documentación para desmontar los argumentos de Urbanismo, también el de la jueza que admitió el recurso).



Los propietarios de las citadas viviendas dieron una conferencia de prensa en la sede del DIPA, al que los vecinos nombraron portavoz. José Luis Velázquez, presidente de la formación política, aseguró que tres días antes del derribo de la decena de viviendas “la jueza firmó un auto admitiendo el recurso de apelación, presentado en tiempo y forma, con lo que dejaba sin efecto el derribo de las mismas”.

Velázquez y los afectados entregaron a los medios de comunicación presentes varios documentos en los que se confirmaba este punto. De las ocho personas que presentaron el recurso la magistrada admitió el de dos de ellos, los únicos que lo presentaron de forma reglamentaria. La jueza Marta López acordó “dejar sin efecto la providencia de fecha 3 de diciembre de 2009, que declaraba la firmeza de la resolución del 9 de octubre de 2009, al admitirse el recurso de apelación interpuesto por los dos interesados”.

El Ayuntamiento tenía quince días para presentar escrito de oposición a la decisión judicial. “La gerencia de Urbanismo tenía una fórmula para impedir el derribo de las viviendas –afirmó Velázquez-, pero no la utilizó”. “Lo dicho por Cándida Verdier –añadió- de que tenía que cumplir la orden judicial no es cierto, ya que contó con tres días para hacer otra cosa diferente. Ella y José María Román han tenido en sus manos dejar sin efecto estos derribos, pero ha sido una decisión política, ya que tenían decidido tirarlas”.

PROCESO DE DERRIBO IRREGULAR

También negó el portavoz de los afectados que fuese el juez el que ordenó tirar las casas: “Es la gerencia de Urbanismo la que ordena el derribo, no el juzgado, pero necesitaba un permiso de éste para entrar en las viviendas, que la jueza concedió”. El proceso “ha sido llevado de forma irregular, ya que se le comunicó a Prefabricados Medina, que no es el propietario de las casas ni vive allí, ni se le comunicó a los inquilinos esta decisión”. Estos argumentos han sido los que ha utilizado el abogado de los dueños de las casas en el recurso de apelación.

Manifestó Velázquez también que han hecho un daño moral a estas personas y a los chiclaneros, preguntándose quién pagará el derribo y el daño causado. Negó defender a especuladores como le han acusado: “No defendemos la especulación ni a especuladores, sino la forma de actuar en este derribo”. Comentó que no se ha procedido a la venta de ninguna vivienda: “las casas han sido distribuidas entre los cinco hijos de Antonio Tocino, no quieren lucrarse con ellas”.

Tocino señaló al respecto que quiso regalárselas a sus hijos pero le dijeron en Notaría que no podía ser y que debía vendérselas, “pero hay una cláusula que hasta que no faltemos mi mujer y yo no podrán vender ninguna de ellas, por lo que no sé de dónde han sacado que queríamos especular”. Dijo Velázquez que “condenamos la especulación, pero nos gustaría saber por qué el Ayuntamiento la ha consentido en estos treinta años que lleva gobernando”.

DENUNCIAS POR LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL

También denunciaron la actuación de la Policía Local: “Llegó con la idea de provocar y que se produjeran detenciones”. El juzgado de Chiclana absolvió a los detenidos “ya que las denuncias no había por donde cogerlas”, aseveró el portavoz de los vecinos. “Se ha detenido a gente pacífica, se la ha humillado, increpado verbalmente y pegado, por lo que vamos a denunciar el Intendente Jefe y a varios agentes”, señaló Velázquez. Resaltó así mismo que mientras que la Policía Local detuvo a treinta personas la Guardia Civil no hizo ninguna detención.

“Tenían órdenes del Ayuntamiento de detener a los que estábamos allí –afirmó-, han tratado de decirle a los chiclaneros que ellos (los socialistas) son los que mandan y que derribarán lo que haga falta”. Son las diez primeras “pero no serán las últimas, hay muchos expedientes en Fiscalía y Verdier miente cuando dice que no tuvo otra forma de paralizar el derribo”.

Los propietarios, que estuvieron acompañados en la sede del DIPA por una treintena de personas entre familiares y amigos, tomarán medidas a partir de mañana lunes. Por la mañana se concentrarán ante la gerencia de Urbanismo tras recibir el auto exculpatorio de su detención y algunos miembros iniciarán una huelga de hambre para pedir explicaciones “y justicia”. Quieren saber “por qué derriban sus casas y las demás no, por qué habiendo un recurso no se paralizó el derribo”.

“HAY ALGO PERSONAL CONTRA NOSOTROS"

El Ayuntamiento ha emitido notas de prensa con cuestiones que no son ciertas según los vecinos. Las casas no están en suelo rústico sino en zona amarilla (suelo urbanizable sectorizado), que se podrá urbanizar próximamente. Según uno de los propietarios “Román creía que estaban en la zona verde, donde hay cinco viviendas, pero tiran las nuestras y las demás no. Con esto no queremos decir que las tiren”.

En la orden de derribo se dice que deben tirar los postes de la luz y el transformador, pero éstos no se han echado abajo, entre otras razones “porque son propiedad de “Sevillana” y los puso “Inselec”, como el propio Ayuntamiento decía en un escrito que nos envió (y enseñaron a la prensa), fueron instalados con el permiso municipal”. También hablaba de destruir los cimientos, que tampoco han hecho y los escombros no han sido retirados.

Comentaron también que les cobraban la basura, Afirman Tocino y familia que “hay algo personal contra nosotros, en su momento diremos por qué y lo que nos han hecho hasta ahora”. Una de sus hijas llevó el árbol de navidad que tenía en su vivienda derribada a la casa del alcalde. Los afectados piden a la Plataforma vecinal que rompan inmediatamente las negociaciones con el Ayuntamiento, “porque si nos han engañado a nosotros también lo harán con ellos”.

ASUSTAR A LOS VECINOS

Manifiestan que miembros de dicha plataforma les aseguraron que “si derribaban las casas no aprobarían las ordenanzas municipales”. Respecto a la rotura de los precintos, Tocino señaló que “estábamos de viaje cuando los pusieron, nosotros no hicimos las casas sino una empresa, que como lo que quería era terminarlas para cobrar su trabajo, poco después de que la policía los pusiera ella los quitaba”.

Dieron a conocer que el Ayuntamiento les ha impuesto una multa de 1.200.000 euros, “aparte del derribo, que nos notificaron en octubre pasado”, no estando tampoco de acuerdo con la cantidad: “No somos Florentino Pérez”. Antonio Tocino dio dos viviendas a cada hijo, por lo que el Ayuntamiento debería haber anulado al menos el derribo de las que pertenecían a dos de ellos.

Este derribo es visto como un aviso a los miembros de la Plataforma y resto de entidades para que aprueben las ordenanzas: “Desde el primer momento dijeron que con su aprobación no habría derribos, nosotros somos la cabeza de turco, quieren meter miedo a los vecinos con estos derribos”.