El grupo municipal del Partido Popular solicita un Pleno Extraordinario sobre el decálogo de la Plataforma respecto a las AGB

“Con estas medidas el proceso de regularización sería menos arduo y costoso”

Los ocho concejales del Partido Popular presentaron en la mañana de ayer un escrito en el Ayuntamiento solicitando la celebración de un pleno extraordinario para tratar el decálogo que la “Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización” ha realizado y al que los populares dan su apoyo, habiéndose comprometido el candidato a la alcaldía, Ernesto Marín, a llevarlo a cabo si gobierna después del 22 de mayo.

Dice el escrito que el buen desarrollo del proceso de regularización de las Áreas de Gestión Básica “supone una pieza fundamental en el devenir inmediato de nuestra ciudad, no sólo en materia urbanística, sino también en materia de empleo, de infraestructuras y, en definitiva, de modelo de ciudad”.

En este proceso de regularización “la participación ciudadana ha sido crucial, tanto es así que las grandes aportaciones vigentes en la actual ordenanza son gracias a los ciudadanos, quienes a través de la “Plataforma de vecinos afectados por la regularización urbanística”, han promovido estos cambios”.

Aun así, señala el PP, “pueden incluirse otra serie de mejoras que facilitarían y posibilitarían el correcto desarrollo del proceso, y que La Plataforma ha recogido en un decálogo con el que el citado proceso sería menos arduo y costoso”.

Es por ello por lo que el grupo municipal del Partido Popular eleva a Pleno para su aprobación varias propuestas planteadas por la Plataforma para incluirlas en el proceso de regularización. Dicen que la Gerencia de Urbanismo, para la elaboración y aprobación de cada uno de los Estudios de Determinación de las Cargas y Anteproyecto de las Obras de urbanización, correspondiente a cada una de las ÁGB, deberá consensuar su contenido con las asociaciones afectadas, adoptando varias medidas.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS ASOCIACIONES

En primer lugar “someterá dicho documento a audiencia expresa de las Asociaciones afectadas en cada ámbito concreto, permitiendo su participación activa”. Como segunda medida hacen referencia al artículo 112 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Los terrenos afectados por las vías pecuarias, calles existentes así como zonas verdes, espacios libres o dotacionales igualmente municipales, “se entenderán cesiones anticipadas y no reportarán aprovechamiento al Ayuntamiento, incrementando proporcionalmente la participación privativa y, por tanto, minorando los excesos de aprovechamiento a satisfacer, en su caso”.

Piden también que aquellas edificaciones e instalaciones que cuenten con autorización municipal o licencia de obras o legalización, “se entenderán patrimonializadas por su titular, de manera que, tanto el 10% de cesión como, en su caso, los excesos que pudiesen exigirse, tan sólo se calcularán sobre el incremento de aprovechamiento sobre la edificabilidad ya consolidada y patrimonializada, conforme a lo establecido en el artículo 16.1.b del Real Decreto 2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo (TRLS 2/2008)”.

La previsión de las cargas de urbanización correspondiente a cada Áreas de Gestión Básica,” tendrá en cuenta las infraestructuras ya existentes a efectos de minorar los costes iniciales”.

Será obligado proceder a la revisión del valor asignado a la unidad de aprovechamiento para las valoraciones de suelo correspondientes a la compensación económica sustitutiva en concepto de excesos y cesión del 10 % del aprovechamiento medio, atendiéndose dentro del ordenamiento jurídico vigente a la “diversa normativa que incide en los métodos de cálculo relativos a las valoraciones de suelo”, a la “realidad socioeconómica y de mercado”.

AYUDAR EN LA FINANCIACIÓN

“El Ayuntamiento –continúan los puntos del escrito- se obliga a obtener todo tipo de subvención para la financiación de la urbanización cuya carga esté asignada en la Ordenanza a las AGB, ya corresponda a infraestructura interior o exterior, minorando en consecuencia la aportación de los particulares afectados”.

Citan los populares el convenio de colaboración del 22 de junio de 2005, suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Chiclana para la mejora de la gestión de los servicios públicos del ciclo integral urbano del agua y la financiación de sus infraestructuras en alta en su ámbito territorial.

A estos efectos, “el Ayuntamiento participará en la financiación de los sistemas generales que afecten a las AGB sin que deban ser necesariamente imputados íntegramente a estos ámbitos”. La exigencia de pago de estas partidas a los particulares “se hará mediante la asignación de canon de participación, devengándose con las periódicas facturas de consumo de los servicios afectados”.

Del mismo modo, conforme a lo previsto en el artículo 75.2.d. LOUA, el Ayuntamiento se obliga a emplear en la financiación y ejecución de los costes de urbanización de cada AGB, todo lo recaudado por la compensación económica del aprovechamiento correspondiente al 10% de cesión obligatoria, minorando en consecuencia la aportación de los afectados en dicha Área de Gestión Básica.

MODIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES

Otro punto pide la elaboración de un anexo-resumen a las Ordenanzas “que consiga ser más entendible a los propietarios y presentar una propuesta para ordenanza a los más desfavorecidos, señalándose las condiciones económicas familiares exigibles”.

Solicita el Partido Popular que ante el inicio de la tramitación de la Revisión del PGOU, el Ayuntamiento se comprometa a la clasificación como suelo urbano directo o consolidado, “de aquellas zonas de las AGB que cumplan los requisitos legales para ello conforme al artículo 45.2.a de la LOUA”.

Modificar los coeficientes de ponderación previstos por el vigente PGOU para el uso de actividades económicas, “de manera que no sea más gravado que el uso residencial”.
Aceptar las alegaciones presentadas en el período de sugerencias y alternativas al Avance de la Revisión, “cuyo objeto es la recuperación de la clasificación como urbano no consolidado (AGB), de aquellos terrenos que en virtud del Avance han pasado a clasificarse como suelo no urbanizable, en especial los que se amparan en estudios ya realizados de pluviales”.

Igualmente, procederá la clasificación como suelo urbano no consolidado, AGB, clasificados por el PGOU como suelo urbanizable, dentro de los requisitos legales para su determinación, autorizándose para dotarse de los servicios básicos.

Finalmente, “permitir la disminución de la superficie mínima de parcela en los ámbitos de las AGB con carácter general, reconociendo la realidad actual de viviendas y determinándose para cada una de las áreas la estimación concreta previo estudio al efecto, por lo que permitiría el aumentando de la densidad de viviendas sin incumplir las limitaciones del POTA”.