PVRE “el equipo de gobierno, dice no darse por enterado de la sentencia de la anulación del P.G.O.U”

Desde el Partido Vecinal Regionalista, PVRE, aún no asumimos ciertos acontecimientos que vienen ocurriendo en nuestro Ayuntamiento. Por ejemplo: Todavía no se ha ejecutado voluntariamente la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de mayo de 2.011, por la cual se anulaba el P.G.O.U. de nuestra ciudad.
Como el Equipo del Gobierno Local se venía manifestando en este sentido, diciendo no darse por enterado de dicha Sentencia, debido a que esta no se había recibido por el Registro de Entrada, el PVRE la presentó por esta vía el 26 de octubre de los corrientes con el Nº de entrada 21.241.

Sencillamente alucinante, siguen en sus trece.
Para más INRI, se están expidiendo documentos sin ninguna garantía jurídica, previo pago, por supuesto.
Tenemos ante nosotros uno de ellos en el que, por un lado, se acude al PGOU de 2.007 con el objeto de determinar el tipo de suelo al que pertenece una finca, para más abajo, “Reseñar que se ha tenido conocimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad del acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 23.03.07 por el que se aprobó definitivamente el P.G.O.U., encontrándose dicha resolución judicial al día de la fecha pendiente de ejecución.”

Para cualquier observador allende nuestras fronteras, debe ser auténticamente increíble. Nos imaginamos que se preguntaría cómo pueden ocurrir estas cosas en Europa. Nosotros también nos lo preguntamos.
¿O es que estamos en Europa sólo para pagar impuestos y no para recibir los servicios correspondientes?
De manera que dicen conocer la Sentencia del T. Supremo, la cual anula el PGOU, para más adelante afirmar que dicha Sentencia se encuentra pendiente de ejecución ¿Por qué motivo se encuentra pendiente de ejecución si Uds. ya dicen conocerla?
Creemos que este tipo de distorsiones, en un documento procedente de la Gerencia de Urbanismo, genera desconfianza en el inversor.
La inseguridad jurídica es manifiesta ante los ojos de cualquier principiante en estas lides, ya que en el documento citado dice que es de noche y, al mismo tiempo, de día.
No sabemos de qué se extrañan nuestras autoridades cuándo alguien incumple la ley. Ellos llevan incumpliéndola varios meses.
Todo esto da pie para pensar que estamos ante un caso del tercermundismo más bananero.
Parece como si estos señores se encontrasen por encima del bien y del mal.
No nos podemos siquiera imaginar que a un ciudadano de a pie se le ocurriera incumplir una Sentencia, nada menos que del Tribunal Supremo. Pero esa es la calidad y la salud de nuestra democracia.
Ahora dice el Sr. Núñez que están regularizando viviendas en A.G.B. No sabemos cómo, con un P.G.O.U. ya anulado por el T. Supremo, ya lo venimos repitiendo, con toda la inseguridad jurídica que ello lleva consigo, como hemos dicho y, por tanto, sin Ordenanzas. ¿Qué credibilidad tienen esas actuaciones? No sabemos que concepto tiene de la ley.
Esta desobediencia o querer ignorar intencionadamente una sentencia del Tribunal Supremo, se debe a que, al carecer de Plan General y no poder o no querer aplicar las normas del 87 para la concesión de licencias o regularizar, cosa que es imposible, siguen diciendo que el Plan General Anulado está vigente y, en base a esta ilegalidad, dan licencias que serán impugnadas, dada la discrecionalidad que practica Urbanismo. Nos tememos que, a corto plazo, allí habrá problemas graves. Querer ganar tiempo hasta tener un Plan General a base de cometer una ilegalidad tras otra, traerá malas consecuencias a la larga.
Advertir que también se procedió a regularizar viviendas en torno al año 2.000. Todo el que pagó, se quedó sin dinero y sin regularización.
Por otra parte, a los propietarios de la Avenida del Mueble, que es un A.G.B., se les quiere cobrar unos 129.000 € por unos conceptos que nadie acepta, puesto que ya tienen todas las “bendiciones” urbanísticas: agua, luz, alcantarillado, farolas, calles,…. Lo mismo que ocurre con Las Rapaces y Mogarizas, donde, de la noche a la mañana, se han encontrado con unas cargas registrales de varios miles de euros, a cuenta de los procesos urbanísticos que se llevaron a cabo hace unos diez años, cuando todos estaban convencidos de que las cuentas ya estaban saldadas. Un caos, producto de tres P.G.O.U. anulados por la justicia y varios millones de euros “quemados”.
¿Estamos ante casos claros de manipulación de los hechos con fines interesados, de corrupción, de prevaricación? Que cada cual juzgue. O tal vez lo haga directamente la Justicia .
Las heridas, cuando están infectadas, acaban generalmente supurando pus al más leve “apretón”.

Nota de prensa del P.V.R.E.


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