El Juzgado de lo Penal de Cádiz dictó una sentencia condenatoria por absentismo escolar durante 2017

El pasado año el fiscal denunció dos casos al Juzgado de Chiclana, habiendo archivado otros dos.-

La concejalía de Educación cerró 2017 con una sentencia condenatoria por absentismo escolar. En el cómputo global fue la única sentencia condenatoria, que supone la decimoquinta en Chiclana desde el año 2000, a la que hay que sumar otras dos denuncias del fiscal al Juzgado de Chiclana, así como otros dos casos que han sido archivados.

Sobre la sentencia condenatoria, el Juzgado de lo Penal de Cádiz dictó una nueva sentencia por un delito de abandono de familia en Chiclana. Ésta recae sobre unos padres como consecuencia del absentismo escolar grave de dos de sus hijos en edad de escolarización obligatoria, proceso que se inició en el curso 2001/02 a raíz de la derivación del protocolo desde el centro educativo de Primaria.

El delegado de Educación, Joaquín Páez, señaló que “el trabajo que se realiza desde la Delegación, en colaboración con toda comunidad educativa y con el resto de entidades implicadas, hace que este número sea tan bajo, siendo muestra de que la labor que se está realizando es buena”.

Pese a las sentencias que se han producido, “hay que aclarar que durante el curso 2016/17 desde Educación tan solo ha sido preciso la intervención en absentismo escolar en un 0,75 por ciento de la población total de estudiantes que cursan educación obligatoria. Esto habla de la buena planificación y trabajo de todos estos profesionales”.

PROCESO LARGO

El proceso de esta sentencia ha sido largo y dio comienzo en 2002. Entonces se remitió a la familia una carta informativa a los padres, en la que se le explica la obligatoriedad que tienen de ocuparse de que su hija asista al centro escolar de forma continuada y de las consecuencias del incumplimiento de dicho deber.

Se les citó para la primera entrevista con la asesoría jurídica del equipo municipal de absentismo escolar, con el fin de buscar una solución sobre su hija de 6 años. Paralelamente, se realiza visita domiciliaria en marzo de 2002 por parte de la trabajadora social y la educadora del equipo de familia.

Se envió de nuevo una carta informativa a nivel preventivo en relación a su hijo menor de 6 años, donde se le indica que sería conveniente que regularizara esta situación, con objeto de inculcar al mismo la importancia de la asistencia a clases desde su más temprana edad. La familia no acudió a la cita con la asesoría jurídica, por lo que se pidió la primera intervención de la Policía Local, que no se pudo llevar a cabo porque la familia no acudió. Se recepcionó la ficha informativa desde Servicios Sociales, informando que se estaba trabajando con esta unidad familiar.

En junio de ese mismo año se dio de baja en el programa tras no recibirse el nuevo parte de faltas al mes del envío de la última ficha informativa al centro educativo, donde se informó de las actuaciones llevadas a cabo.

En 2004 hubo nuevos partes de falta, recibiendo al mismo tiempo información por parte de la trabajadora social coordinadora del Servicio de Ayuda a Domicilio, informando que la familia cuenta con el apoyo de una auxiliar de ayuda al domicilio desde el 23/09/2004 acompañando a los menores al centro educativo. Tras esta actuación los menores regularizan la asistencia a clases.

MÁS FALTAS EN DIVERSOS AÑOS

En el curso 2009/2010 hubo más partes de faltas, se les vuelve a citar debido al tiempo trascurrido desde la última intervención en 2004 y debido a que los alumnos ya no se encuentran escolarizados en el mismo centro, ya que ahora son alumnos de Secundaria. Se les recuerda acerca del procedimiento de intervención en este asunto y de las consecuencias legales del incumplimiento del deber de ocuparse de la asistencia a clases de sus hijos.

Los padres manifiestan que sus hijos han justificado las faltas por enfermedad, pero que el mayor no quiere ir a clase, teniendo varias expulsiones reiteradas y con un carácter muy rebelde desde el fallecimiento de un familiar. Se le ofreció el recurso del psicólogo y lo aceptaron.

Pese a ello, la recepción de faltas siguió llegando por lo que en junio de 2010 el técnico responsable del programa de absentismo escolar, presentó el correspondiente atestado policial acompañado del informe y expediente que recogía toda la intervención socioeducativa en la unidad familiar en la Fiscalía de Protección del Menor de Cádiz.

El fiscal de menores denunció el caso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Chiclana en 2011, llevando éste a juicio oral y público al juzgado de lo Penal nº 3 de Cádiz en 2013. La sentencia se hizo pública en noviembre de 2016, condenando a ambos padres como autores criminales responsables, a uno de ellos a tres meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y el pago de las costas.

Se suspendió la pena privativa de libertad impuesta a los condenados por un periodo de dos años, condicionado a que éstos no delincan durante el referido periodo de tiempo.