Román minimiza el palo judicial recibido con la anulación del PGOU y culpa a la Junta, afirmando que siguió sus indicaciones

 

“Debemos valorar las cosas, ver los pros y los contras y convertir la crisis en oportunidad”.-

 

El alcalde, José María Román, y la delegada de Urbanismo, Ana González, explicaron a su manera y minimizando la sentencia del Tribunal Supremo que determinó la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana. El regidor reseñó que “es una sentencia muy importante, por las consecuencias que tiene para Chiclana y toda Andalucía”.

 

Es una sentencia “de ámbito regional, porque la caída de planes generales es una acción que se repite en continuo. Quien los aprueba o no es la Junta de Andalucía y los ayuntamientos lo único que podemos hacer es seguir el procedimiento administrativo que nos marca”.

 

Según Román, “es muy importante que esto quede claro, porque no es ninguna veleidad ni ninguna arbitrariedad del Ayuntamiento de Chiclana la que ha provocado la nulidad del Plan, sino que es la decisión administrativa que toma la Junta de Andalucía de cómo redactar el procedimiento del Plan General de Chiclana y otros 300 planes de Andalucía, la que está provocando las anulaciones de estos planes que se van aprobando”.

 

Hay dos elementos principales que determinan la nulidad del Plan General, según marca la sentencia: “Uno es la aprobación parcial del Plan y la otra es la Evaluación Ambiental Estratégica. El PGOU de Chiclana la tiene, pero no desde el inicio. Hubo un momento en la tramitación en el que nosotros fuimos a aprobar un documento, apareció entonces la sentencia de Marbella y lo dejamos en suspenso, haciendo una consulta a la Junta para ver qué teníamos que hacer”.

 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA ES LA CULPABLE

 

La Junta contestó cuatro meses después, “dándonos las directrices de lo que teníamos que hacer. Eso fue lo que hicimos”. Ante la duda, “fuimos prudentes y paralizamos la aprobación del Plan hasta que el ente autonómico nos dio por escrito lo que teníamos que hacer, porque la Junta es la administración competente en esto y la que debe marcar la pauta”.

 

Por ello, cuando el Plan General se anula, “se le anula a quien lo aprueba, que es la Junta, y los dolientes somos las ciudades. Ahora el tribunal nos dice que ese procedimiento no fue adecuado. A lo mejor es la Junta la que también tiene que preguntar cómo tienen que hacerse las cosas, como hicimos nosotros. Lo que no puede ocurrir es que los planes se le anulen a todas las ciudades, habiendo seguido los procedimientos que se nos dicen”.

 

Según la sentencia, la evaluación ambiental estratégica “no fue correctamente tramitada porque no se formuló en la fase preliminar del borrador el plan y que la aprobación definitiva parcial infringía la normativa comunitaria nacional sobre dicha evaluación. Estas cuestiones las indica la Junta, no el Ayuntamiento ni ninguno de sus trabajadores, ni el alcalde ni la concejala de cuando se hizo este paso inicial, que fue con el Partido Popular”.

 

Con esto “no quiero decir que el PP sea el culpable, porque cuando gobernó y no hizo lo que el tribunal dice ahora, es porque la Junta dijo cómo había que hacerlo. Igual que nosotros hemos continuado con las indicaciones de la propia Junta”, aclaró el alcalde.

 

BENEFICIOS DE LA ANULACIÓN SEGÚN ROMÁN

 

Existe un marco nacional que es una iniciativa del Gobierno de España, que está en trámite de consulta pública que se conoce como la iniciativa sobre los planes tumbados. Al haber “tantos defectos formales que provocan estas nulidades”, esta iniciativa “terminará modificando la ley del suelo, que permitirá que cuando haya un defecto de forma, se pueda resolver para que la tramitación de un Plan General con tantas informaciones públicas, no genere la anulación de todo el Plan, sino de solo la esa parte, continuando el resto”.

 

Incide Román en que “estamos, además, en un momento crucial porque está la nueva Ley de Urbanismo de Andalucía, conocida como Lista y que se aprobará y generará un marco distinto, del que no conocemos el alcance”.

 

Comentó también que “hemos pasado cinco años con el Plan que ahora se anula y esto nos ha dado muchos frutos, como es el crecimiento de Chiclana, convirtiéndola en un espacio que ha dado mucho rédito. Como ciudad hemos ido incrementando nuestra potencia económica, población y nos hemos ido haciendo más fuertes”.

 

Agregó que “ahora vamos a analizar con los técnicos municipales el alcance de la sentencia y a qué afecta. Cuando seamos notificados formalmente y se publique la información en el BOJA, la sentencia pasará a ser ejecutiva. A partir de ahí, entrarán en vigor las antiguas normas subsidiarias de 1987. Debemos valorar las cosas, ver los pros y los contras y convertir la crisis en oportunidad”.

 

NORMAS SUSTANTIVAS

 

Román aseveró que “la anulación del Plan hace que muchos suelos urbanos no consolidados, de las conocidas como áreas de gestión básica, pasen a ser suelos no urbanizables y, por tanto, les sea de aplicación el antiguo decreto 2/2012, modificado por el PP que es el decreto actual 3/2019”.

 

Es el decreto que permite a las viviendas que están en suelo no urbanizable y que tienen los servicios a pie de parcela, conectar con los servicios de agua y alcantarillado. En Chiclana, “las estimaciones que tenemos son que, entre 600 y 1.000 viviendas podrían, acogiéndose al modelo de los Asimilados Fuera de Ordenación (AFO), hacer una conexión directa sin tener que revalorizar la vivienda”.

 

En los próximos días “montaremos reuniones con grupos vecinales para informar de la situación. Al mismo tiempo, aquellos que sean conocedores de que tienen los servicios a pie de parcela, pueden ponerse en contacto para que se tramite el oportuno expediente de AFO y conectar los servicios de agua y alcantarillado”.

 

Estar sin Plan General y con Normas Subsidiarias durará de tres meses a un año, de cara a la aprobación del documento sustitutivo, las Normas Sustantivas, que es un documento que tiene que aprobar la Junta de Andalucía. La Junta “se comprometió con nosotros a que lo haría una vez que se anulara el Plan General y confiamos en que sea así. Este documento es transitorio de gestión de planeamiento que tendría una validez de tres años, un plazo en el que podemos generar la nueva gestión del planeamiento de la ciudad”.

 

REPENSANDO LA CIUDAD

 

El decreto 3/2019 prevé la conexión de servicios a través de planes especiales. Es un proceso más largo y complejo, “pero es lo que se prevé para las viviendas que no tienen el agua y el alcantarillado a pie de parcela. El actual Plan calificaba suelos urbanos como no urbanizables o urbanos no consolidados y esos suelos volverán a ser urbanos, pudiendo invertir ahora en estos espacios. Como consecuencia del PGOU había edificaciones que quedaban fuera de ordenación que ahora no será así”.

 

En cuanto a los expedientes urbanísticos, Román explicó que “los que no estén concluidos y que son sancionadores, tendrán una revisión, puesto que el plan que lo tramitaba ha sido anulado. El expediente se retrotrae a su momento inicial”, destacando que “estos son algunos elementos con respecto a las oportunidades que se nos abren tres recibir la sentencia”.

 

Además, “estamos en fase inicial de aprobación del nuevo documento, en fase de diagnóstico y de plan de acción de la Agenda 2030, por lo que nos encontramos repensando en la ciudad. Debemos desarrollar las Normas Sustantivas y pediremos una reunión a la Junta para agilizar lo que se pueda, se convocará la Junta de Portavoces para hacerles partícipes de todo esto y oír a los distintos portavoces del Pleno de la ciudad, así como convocaremos el Consejo de Urbanismo para información y recibir opiniones”.

 

NUEVO PGOU

 

Por su parte, Ana González comentó que “ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, aunque no era firme porque este Gobierno tenía claro que iba a presentar los recursos de casación, el alcalde, con fecha 17 de abril de 2020, firma el inicio de la redacción del nuevo Plan General para que se inicien las acciones necesarias para la contratación de este nuevo documento, en previsión de que la sentencia pudiera llegar a ser firme, como así ha sido”.

 

La edila de Urbanismo manifestó que “también se ha firmado el pliego de prescripciones técnicas del nuevo Plan General con fecha de 3 de septiembre de este año, para la contratación del documento de avance, el de inicio estratégico de la evaluación ambiental estratégica y de gestión de participación ciudadana. Esto va a ser próximamente licitado por la ley de contratos públicos para la redacción de los trabajos”.

 

Recalcó que “cuando llegamos en 2015 nos encontramos un Plan General que tenía diez informes desfavorables. Este Gobierno trabajó en ellos, porque es muy importante que una ciudad tenga un PGOU vigente, por lo importante que es para su economía. En previsión de que esto pudiera pasar, hemos trabajado, como queda claro por las acciones realizadas, para estar preparados y poder tener un nuevo documento. Hemos actuado con celeridad y como corresponde, para que la ciudad pueda tener las menos consecuencias negativas posibles”.