Historia de un engaño bien articulado a particulares y empresas pequeñas, licencias ilegales basadas en un PGOU declarado nulo (I)
De haber comenzado con la redacción del nuevo en febrero de 2020, hoy, tras más de dos años, podríamos estar a punto de concluirlo, pero ni han empezado.-
Desde que el TSJA anuló contundentemente el PGOU, éste quedó herido de muerte. Ha sido la arrogancia, la miopía y el servilismo del alcalde, los que han llevado a este callejón sin salida a técnicos de la delegación de Urbanismo, a arquitectos y, lo más importante, a numerosos vecinos y pequeñas empresas que han tenido que soportar un verdadero calvario durante semanas.
Convendría recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó la primera sentencia que anulaba el PGOU de Chiclana el 13 de febrero de 2020. El recurrente fue un empresario chiclanero. Actuaba en defensa de sus intereses particulares. Nada que objetarle.
Posteriormente, la Junta de Andalucía -con buen criterio- anunció que no recurriría la sentencia. Los argumentos del TSJA habían sido inapelables y, entendía, que cuanto antes se redactase un nuevo PGOU, mejor. El Ayuntamiento hizo las gestiones oportunas para que cambiase de criterio, como finalmente sucedió. Un error.
Junta y Ayuntamiento recurrieron la sentencia del TSJA al Tribunal Supremo. El 22 de julio de 2021 éste desestimó los recursos de casación respectivamente interpuestos por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y por la Junta de Andalucía. La sentencia devino firme. Sería oportuno añadir varias curiosidades y hechos que se nos antojan podrían ser fruto de una jugada oscura.
El 28/7/2021, al cabo de seis días de haber ganado firmeza la sentencia del PGOU, el alcalde delegó determinadas competencias urbanísticas en favor de la delegada de Urbanismo. Entre ellas: La competencia sobre los actos sujetos a licencias urbanísticas de obras mayores, segregaciones, agrupaciones y parcelaciones urbanísticas.
A raíz de esta delegación, el Ayuntamiento dejó de publicar las licencias que concedía semanalmente en las actas de Junta de Gobierno Local. Un paso atrás en transparencia de incalculables consecuencias en el proceloso sector de la promoción y construcción inmobiliaria. A día de hoy, al cabo de ocho meses, la concejalía de Urbanismo tiene tendido un manto opaco para que no se pueda acceder a las licencias urbanísticas. Estamos convencidos que este oscurantismo no nos lleva por buen camino.
El 29/7/2021, al cabo de una semana de haber ganado firmeza la sentencia del PGOU, el Jefe del Servicio de la Asesoría Jurídica emite un informe sobre los efectos de la nulidad del planeamiento en las diversas actuaciones administrativas de la delegación de Urbanismo.
Este informe, aparte de no pocas divagaciones jurídicas para impresionar a legos, contiene algunos despropósitos en opinión de los Servicios Jurídicos Andaluces de Ecologistas en Acción. Ha sido la fuente de angustia y sufrimiento que han padecido muchas personas y empresas. Tampoco lo ha pasado demasiado bien la concejala, Ana González (PSOE), y algunos compañeros de Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana.
Dicho informe podría haber costado a las arcas públicas millones de euros si, llegado el caso, se hubiesen presentado las oportunas reclamaciones patrimoniales. Un sinsentido del que esperamos se tome nota. Nos asalta una pequeña pero relevante duda sobre él: no sabemos si fue fruto de un sinsentido jurídico del Sr. Jefe de la Asesoría Jurídica (al que le hemos leído escritos de notable brillantez) o fue el que le pidieron que hiciera.
Nos sorprendió que, dada su trascendencia, no hubiese estado firmado también por el Secretario General del Ayuntamiento. Nos consta su valía profesional en materia de Urbanismo y hubiese sido muy conveniente que también hubiese opinado y, de haber sido posible, lo hubiese firmado.
En el mes de agosto, mes estival por antonomasia, la delegación de Urbanismo, de manera sospechosa, era un hervidero. Se había dispuesto personal adicional para el Departamento de Licencias y se estaban echando horas extraordinarias por un tubo. Demasiado sospechoso todo.
Era vox populi lo que estaba sucediendo: “Están escondiendo la sentencia para seguir dando licencias con el PGOU anulado”. Esto lo comentaba abiertamente personal de la delegación de Urbanismo.
IMPORTANCIA DE LA SENTENCIA DEL PINAR DE COSTA SANCTI PETRI
El 16 de septiembre de 2021, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cádiz dictó sentencia, estimando la pretensión esencial de Toniza y anulando la licencia que el Ayuntamiento le concedió a una empresa ligada a un Fondo Buitre para construir 206 chalés de lujo en el Pinar de Costa Sancti Petri.
Esta sentencia debió tener una notable importancia para el Ayuntamiento y debió haber supuesto el fin de las corruptelas urbanísticas amparadas en el sedicente informe de Jefe de la Asesoría Jurídica de la delegación de Urbanismo. Destacamos algunos párrafos que deberían haberse leído con lupa para extraer consecuencias:
“Con todo ello por los motivos antedichos, en los casos de licencias que se encontraban concedidas y fueron objeto de recurso con motivo de la nulidad del Plan General, la doctrina que se viene a acoger tanto por el TSJA como por el TS es que la anulación del PGOU produce efectos ex tunc si bien no afecta a la eficacia de los actos firmes dictados en aplicación de dicho Plan, que no es el caso” (FJ 8º).
“Expone la Sentencia del TS de 2 de marzo de 2015 (RJ 2015\1782) -relacionada con la anulación del PGOU de Boadilla del Monte- que una vez dictado el pronunciamiento que anule un Plan, no podrán otorgarse nuevas licencias de obras al amparo del documento anulado, ni en expedientes ya iniciados y pendientes de resolución, ni como consecuencia de nuevas solicitudes. Ambas situaciones tendrán que resolverse ya sobre la base del planeamiento anterior, que revive hasta que se apruebe un nuevo plan” (FJ 9º).
Sin embargo, la edila de Urbanismo siguió otorgando licencias basadas en el PGOU anulado. No logramos buscarle una explicación sensata y razonable para que se haya desviado tan groseramente de la Ley asumiendo riesgos de gran calibre. El regidor, José Mª Román (PSOE), al delegar las competencias urbanísticas en favor de ella, se salvó de la eventual responsabilidad penal. Tanto él como el resto de los miembros de la Junta de Gobierno Local. Si caía o cae alguien, sería o será ella.
La perplejidad subió de intensidad. En rueda de prensa, el 9/9/2021, el alcalde y la delegada de Urbanismo anunciaron públicamente la sentencia del TS de 22/7/2021. Demos por hecho que fue el momento en el que se enteraron (algo sobradamente incierto) de ello. Ahí debieron terminar todas las corruptelas urbanísticas.
Como suele hacer el alcalde, ya sin convencimiento, anunció que “ahora vamos a analizar con los técnicos municipales el alcance de la sentencia y a qué afecta. Cuando seamos notificados formalmente y se publique la información en el BOJA, pasará a ser ejecutiva. A partir de ahí, entrarán en vigor las antiguas Normas Subsidiarias de 1987. Debemos valorar las cosas, ver los pros y los contras y convertir la crisis en oportunidad”.
Una administración, para ejecutar una sentencia firme anulatoria de una disposición general, como un PGOU, no necesita ni notificación formal, ni publicación en ningún boletín oficial. La administración se da por enterada de la sentencia anulatoria desde el momento que su representación legal o procesal o por otros medios tiene conocimiento de ella. ¡Basta ya de monsergas liantes! Desde ese momento tiene que dejar de aplicar el plan general anulado y aplicar el revivido automáticamente, las Normas Subsidiarias de 1987.
LICENCIAS ILEGALES COMO CHURROS
Hemos preguntado reiteradas veces por ese anunciado análisis que iban a realizar el alcalde y la concejala de Urbanismo con los técnicos municipales, para determinar el alcance de la sentencia y a qué afecta. Nadie sabe de él y, algunos, nos han dicho que sencillamente no se hizo. Todo siguió igual: Urbanismo concediendo licencias urbanísticas ilegales como churros. Como si nada hubiese sucedido.
Esta vergonzosa práctica urbanística finalizó el 15/12/2021 cuando, graciosamente, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo dispuso la publicación en el BOJA del fallo, ya firme, de una de las sentencias más tardías del TSJA. La de 29 de octubre de 2020. Otra vergüenza más que añadir a este cúmulo de despropósitos.
LA DENUNCIA ANÓNIMA
A mediados de septiembre, varios arquitectos chiclaneros se pusieron en contacto con nosotros. Nos relataron con detalle lo que sabíamos genéricamente. Estaban escandalizados porque ellos sabían que, como arquitectos, estaban incurriendo en responsabilidad con sus clientes. Eran plenamente conscientes de que las licencias eran ilegales. Que esto era una bomba de relojería que en cualquier momento podría estallar. Como finalmente estalló.
Obviamente, acudieron a nosotros a través de una socia y quieren total discreción: “Si no, ya os podéis imaginar el calvario que nos esperaría para trabajar en Chiclana”. Lo comprendemos. Manifestar una opinión libre, constructiva y educadamente es, en no pocas ocasiones, un deporte de alto riesgo. Entendían que tenemos los medios y conocimientos para detener esta aberración urbanística de imprevisibles consecuencias y nos instaban a actuar.
TONIZA-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CHICLANA
(CONTINUARÁ)
¿Cuando van a actuar las fiscalias, de Medio Ambiente y la fiscalía anticorrupción en Chiclana?
ResponderEliminarAhora la moda es las mascarillas de Madrid , pero más cerca osea aquí en Chiclana y desde siempre el PSOE ha hecho a diestro y siniestro esas barbaridades con el dinero de los chiclaneros.De verdad que nunca nadie va a dar el paso adelante.
ResponderEliminarSorprendente, habría que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción.
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