DIPA cree necesaria la reforma de las Ordenanzas de regularización de viviendas

“Proponemos que se amplíe a cinco años el pago, no como hasta ahora que es de tres”

DIPA ha hecho pública una propuesta de reforma de las Ordenanzas Municipales Reguladoras de las Áreas de Gestión Básica y con ella “no hacemos otra cosa que comprometernos con los chiclaneros en buscar una solución a su futuro, a sus condiciones de vida y a mejorar la ciudad de Chiclana en general ya que reconocemos que por parte de la administración local, autonómica y estatal, así como otros órganos (notarios, registradores, entidades bancarias, etc.), se ha demostrado una desidia en perjuicio de muchos y con el beneficio de unos pocos”. (FOTO: Velázquez, candidato de DIPA a la alcaldía, en la primera manifestación vecinal).

En primer lugar, hacer constar que desde este partido, “no estamos de acuerdo con la forma y la elaboración de las Ordenanzas presentes, si bien entendemos, que dada la coyuntura actual de nuestra sociedad, no nos podemos permitir ningún parón en la maquinaria burocrática administrativa, ya que dicho parón puede ser un golpe letal para los ciudadanos de Chiclana en la situación que nos encontramos, al borde del precipicio”.

“Esta Ordenanza es necesaria –afirma DIPA-, si bien, como norma local que es, puede ser modificada por el propio Ayuntamiento dentro de su soberanía local”. Como directrices maestras proponen entre otras el recogimiento de todas las edificaciones incluidas en las Áreas de Gestión Básica, hasta la fecha definitiva del PGOU, no como se propone en la Ordenanza actual, hasta el PGOU del 2007, “por tanto conseguimos un mayor reparto del coste de urbanización entre todos, y así mismo, estudiando cada Área, su ampliación para incluir nuevas edificaciones y regularizarlas todas”.

Con relación al fraccionamiento estudiado o aprobado en este documento,” proponemos la ampliación de hasta cinco años y no tres años como hasta ahora, facilitando el pago de dichas obligaciones, así como el compromiso de la Administración de facilitar y concertar créditos o préstamos accesibles y sin intereses, a través de entidades bancarias o bien empresas municipales”.

Que a la vista de la circunstancias excepcionales en el urbanismo chiclanero, “no equiparable a ningún otro municipio español, y teniendo en cuenta el objetivo de estas ordenanzas de regularización, el acometer tanto la urbanización como la legalización de las viviendas en el mismo acto, reconociendo a casi todo tipo de parcelaciones, permitiendo por parte del Ayuntamiento, tanto segregaciones como divisiones horizontales, a efectos de la obtención final por cada vivienda de su contador de agua y luz de forma independiente, y solamente en los casos más extremos, estudiarlo de forma individualizada”.

ELIMINACIÓN DE EXPEDIENTES

En cuanto al urbanismo moderno, “dejar a un lado dicha utopía y solucionar el panorama urbanístico en Chiclana, que es lo que quieren los vecinos, no buscando culpables sino buscando una solución, legalizando las edificaciones incluidas en las Áreas de Gestión Básica y conseguir unos costes ajustados a la realidad existente a los ciudadanos, como reduciendo las parcelaciones mínimas a un promedio de 500 m2, consiguiendo con ello una asunción de los importes derivados de las obligaciones como promotores, de una forma más asumible”.

En cuanto a las sanciones disciplinarias por edificación ilegal, desde DIPA se propone “la eliminación de aquellos expedientes que la Ley lo permita, o bien, la reducción por parte de la Administración en un 75 % de dichas multas”.

“Proponemos una reducción generalizada de aproximadamente el 40%, en todas las Áreas de Gestión Básica –señala DIPA-, basándonos en la disminución de hasta un 50% en los costes de urbanización, ya que estimamos que estos datos están realizados sobre un urbanismo a instalar y no sobre el urbanismo existente, donde hay áreas que cuentan ya con medios y cesiones realizadas al Ayuntamiento”.

En cuanto a la compensación por excesos o aprovechamiento, “entendemos que es la partida más ajustada y por estimamos una reducción del 20%, ya que no depende solamente del Ayuntamiento, sino de otros organismos administrativos su aplicación”.

Y por último, la compensación del 10% que hay que ceder al Ayuntamiento, “proponemos que la forma de colaboración de nuestro ente local, con la situación actual extraordinaria urbanística provocada por todos estos años de descontrol, que se deje esa cesión del 10% en un porcentaje suficiente para ayudar a cada Área de Gestión a soportar los costes de urbanización con una lógica asumible”.