El PVRE denuncia que la notificación a través del BOP “deja en situación de indefensión al ciudadano”

Pide que se agoten todas las vías para encontrar a los sancionados, para que éstos puedan recurrir las multas impuestas

El Partido Vecinal Regionalista, PVRE, ha vuelto a incidir en lo que considera “un asunto de la máxima importancia” y del cual puede depender “la tranquilidad o la ruina total de una familia que esté afectada por un expediente urbanístico sancionador”. Habitualmente se ha venido notificando, “de forma abusiva”, a través de la vía edictal. O sea, la notificación se coloca en el tablón de edictos correspondiente del Ayuntamiento correspondiente y, también se publica a través del BOP de la provincia. Teniendo en cuenta que existen más de ocho mil municipios en España y más de cincuenta boletines provinciales, “estamos en realidad ante una vía de notificación que, en la práctica, deja en situación de indefensión al ciudadano”.


Según el PVRE, refuerza esta idea la circunstancia de que se requiere un determinado nivel de soltura en determinadas herramientas informáticas para acceder al contenido del Boletín Oficial de la Provincia en su versión digital. Por otra parte, “estamos tratando con un asunto tan delicado como el de las notificaciones, que para recurrir lo notificado se dan unos plazos perentorios y que, una vez transcurridos éstos, el caso está perdido. La sanción ya no es recurrible”.

En las notificaciones edictales, en lo tocante a las sanciones urbanísticas, “la situación adquiere tintes gravísimos, debido a la extrema e inasumible cuantía que las acompañan”. Se procederá al embargo total de bienes del afectado por incapacidad económica “del desorbitado importe aplicado a dicha sanción, como se ha dicho, y asunto concluido. Una tragedia familiar más en la lista. Que pase el siguiente”.

Agrega el Partido Vecinal que por parte de la administración local “se ha venido abusando de esta forma de notificación sin agotar el resto de posibilidades. De esta manera, la persona afectada se ha venido a enterar del problema que tenía encima una vez superada la fase ejecutiva. Una vez aquí, se acabó toda posibilidad de defensa. Se perdió el caso”.

“Se da la circunstancia –continua diciendo esta formación- de que ha habido personas que al ir a pagar una multa de tráfico que si le había sido notificada, se han enterado de que tenían multas millonarias por expedientes urbanísticos. Otras, curiosamente, son localizadas a efectos del cobro del IBI, basura, etc.”.

Viene a resultar que este método de notificación, usualmente utilizado, “viola nuestra Constitución: “Todos tienen derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos”. De ahí que el Tribunal Constitucional haya dictado Sentencia en un fallo ejemplar”.

DERECHO A SER INFORMADO

El Tribunal Constitucional otorga amparo a la persona recurrente, “de la misma manera acaba reconociendo el derecho del acusado a la defensa y a ser informado”. Por último, declara nula la resolución mediante la que se le condenaba a pagar. Así mismo, declara nula la providencia de apremio proveniente de la Tesorería del Ayuntamiento denunciante.

En el caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana, “hemos contabilizado más de mil cien (1.100) notificaciones por vía edictal. En anterior ocasión, por error, dijimos casi mil, cuando, en realidad, quisimos decir más de mil”. Estos datos según el Partido Vecinal “revelan que una gran parte de las notificaciones sancionadoras se llevan a cabo a través del Boletín Oficial de la Provincia, BOP”.

En todos los anuncios, reza la frase lapidaria: “Por encontrarse ausente de su domicilio”. Asegura que en la mayoría de los casos que les llegan, se asegura que no se personó nadie en el domicilio. Han quedado todas estas familias notificadas por esta vía sin posible defensa, con las consecuencias señaladas.

“La Administración no puede limitarse a la notificación edictal sin agotar todas las vías de notificación. Tiene a su disposición los datos de la delegación de Estadística, IBI y otros”, asevera el PVRE, que insiste en que “están vulnerando los derechos del acusado. Siendo más concretos, no se reconocen los derechos de la acusación a la defensa y a la información”.

Pregunta este partido “¿por qué motivos se abusa de este sistema de notificaciones, sabiendo que significa la ruina total de todos los notificados? ¿Se está incurriendo en responsabilidad? Lo averiguaremos”.

Finalmente, se dirigen a las personas que se encuentren en este caso: “Estas sanciones, que han sido notificadas solo a través del BOP inicialmente, sin agotar otros mecanismos de notificación, pueden ser recurridas y ganadas”.
En caso de ayuda el PVRE está dispuesto a asesorarles en su sede, en la Plaza del Santo Cristo, 8, 1ºA. También pueden hacerlo llamando al 956 49 04 49, de 11,00 a 13,30 h.