El PVRE acusa a Andrés Núñez de querer llevar a cabo “medidas ilegales”, con lo que está “menoscabando la credibilidad de su propio partido”

Asegura que no habrá Normas Sustantivas y afirma que el edil de Urbanismo miente cuando dice que no han recibido la sentencia del PGOU

El Partido Vecinal Regionalista quiere poner en antecedentes a la población de Chiclana “sobre las medidas ilegales que el concejal de Urbanismo pretende llevar a cabo, arrastrando con ellas a los ciudadanos afectados”. Asimismo, “está menoscabando la credibilidad de su propio partido, el PP, si éstas le son consentidas”. Dice el PVRE que a quien tenga posibilidades “les sugerimos que lean el anuncio 79.805, del BOP de Cádiz de fecha 11/11/2.011, Págs. 9-12, correspondiente al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera- GMU”.


Se anuncia en este medio oficial de difusión la “entrada en vigor de la Ordenanza reguladora de la declaración en situación asimilada a la legal de fuera de ordenación en suelo urbanizable y suelo no urbanizable”, esto dicho de forma extractada.

“¿A quiénes afectaría? –inquiere el Partido Vecinal-. A zonas como las de Los Llanos, Melilla y otra similares, situadas en suelos no urbanizables, así como aquellas zonas ubicadas en suelos urbanizables”.

Aclaran que nada tiene que ver con el tratamiento que se pretende dar a las AGB, suelos urbanos no consolidados. Para éstas se reservan las Ordenanzas para la Regularización de las AGB.

¿Qué se pretende con esta Ordenanza? “Sencillamente, extraerle el dinero del bolsillo a la gente inútilmente. Concretamente hay una cuota tributaria de valores a pagar que llega hasta el 2,40 % del valor de las obras, según precios de referencia del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz”.

“¿Por qué decimos inútilmente? –preguntan-. Sencillamente porque están basadas en un PGOU ya anulado por el Tribunal Supremo el 31 de mayo de este año”. Esta sentencia, “y para que no haya dudas, fue presentada por el PVRE en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento el 26/10/2011, con el Nº 21.241, figura con los datos siguientes: Referencia en el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Ministerio de Justicia, el número 28079130052011100335. Dicha base documental es de acceso público. Es decir, el Ministerio de Justicia, se da por enterado de la sentencia, Núñez, no”.

PROCURADOR

Al margen de estas fuentes de información, ofrecen la principal: El Procurador del caso tiene como una de sus funciones, transmitir a las partes el contenido de la sentencia. “Señor Núñez –agrega el PVRE-, ¿a quién pretende engañar simulando desconocer lo que de todos es sabido?”.

Si el Procurador no les ha informado “debiera ser demandado por usted por incumplimiento de sus obligaciones y, si usted no lo demanda, ésta se vuelve contra usted. Consulte al CENDOJ. Consulte el Registro de Entrada del Ayuntamiento. Le hemos proporcionado fecha y Nº de la entrada”.

Desde estas líneas “advertimos a las personas que tengan propiedades en este tipo de suelos y que puedan ser afectadas por la Ordenanza ilegal que quieren aplicar. Ocurrirá como hace diez años”.

En aquella ocasión “fueron engañados por el Ayuntamiento en una maniobra similar. Lo hemos repetido ya con anterioridad, se quedaron sin dinero y sin solucionar el problema de sus viviendas. En esta ocasión estamos ante una situación parecida. La aplicación de estas Ordenanzas no tiene base legal por anulación del PGOU. Estamos ante una trilería”.

“NO HABRÁ NORMAS SUSTANTIVAS”

“Núñez acude a un grupo de propios –añade este partido-, reunidos en una llamada Plataforma, que se atreven a afirmar temerariamente y traicionando a sus convecinos que el PGOU está vigente. Sí, nos referimos a los del llamado Protocolo, aquel papelillo inservible que reunió a todos para intentar acabar con el PVRE. Por cierto, que salió fortalecido del traicionero embate. Éstos, por lo visto, tampoco se han enterado de la sentencia anulatoria del PGOU. Ellos sabrán lo que hacen”.

Andrés Núñez recurrió en su día a la Junta de Andalucía “enarbolando el Art. 35.2 de la LOUA, con el fin de conseguir unas Normas Sustantivas de Ordenación, o N. Transitorias, en tanto se “alumbraba “el futuro PGOU”. Estas normas “se piden si pierde vigencia el planeamiento, pero como el concejal de Urbanismo unas veces manifiesta la vigencia del PGOU y otras no, como cuando se negó la licencia a la gasolinera del Florín por haber sido anulado el PGOU”.

El PVRE se atreve a anticiparlo: “No habrá Normas Sustantivas. No líe más a los ciudadanos. No siga por el camino de la inseguridad jurídica pues los pocos inversores que quedan, saldrán ahuyentados”.

En referencia a los valores catastrales decir que en 2007 se aprobó una Ponencia de Valores “basada en un PGOU que se dio por aprobado definitivamente, cuando no era cierto, tal como ha sentenciado el Tribunal Supremo. Ahora, se pide una revisión por haberse anulado el PGOU”.

Los Valores Catastrales “han de ser revisados en base a un planeamiento que clasifique los suelos, en este caso las Normas Subsidiarias de 1.987. Cómo resulta que Núñez se empeña en mantener la vigencia del PGOU, la dirección General del Catastro no puede revisar los Valores Catastrales, si se argumenta cambio del planeamiento”.