Los ecologistas pedirán hoy a Román la anulación del PGOU de Chiclana

Tras el fallo del Supremo declarando ilegal el PGOU de Marbella, podría hacer lo mismo, de nuevo, con el de nuestra ciudad por las mismas cuestiones.-

“Ecologistas en Acción”, la Asociación Medioambiental “Toniza” y “AGADEN” presentarán hoy viernes en el Ayuntamiento de Chiclana, un escrito dirigido al alcalde, solicitando el archivo del expediente de tramitación del nuevo PGOU de Chiclana, al estar infringiendo gravemente la normativa estatal y comunitaria de evaluación ambiental.

Las asociaciones ecologistas advierten de “posible prevaricación si se sigue tramitando de forma fraudulenta, sin someterse a la Evaluación Ambiental Estratégica a que obliga la legislación estatal y comunitaria”

Ecologistas en Acción de Cádiz está satisfecha por la decisión por parte del actual Gobierno de Barbate (PA), de abandonar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que estaba tramitando el anterior gobierno municipal (PSOE), por entender que “plantea un modelo urbanístico expansivo claramente injustificado. La costa de Trafalgar se salva del ladrillo”.

Pero no es el único motivo de alegría, ya que el Tribunal Supremo días pasados ha dictado tres sentencias que fulminan el PGOU de Marbella y ponen en cuestión una parte importante de la política urbanística de la Junta de Andalucía. 

LA JUNTA LLEVA UNA DÉCADA INCUMPLIENDO LA LEY

 En estos momentos hay 450 planes en tramitación cuya aprobación significaría su nulidad de pleno derecho, porque se están evaluando ambientalmente de forma fraudulenta, como el PGOU de Marbella, sin cumplir las normas de la Unión Europea (Directiva Europea 2001/42/C)  de aplicación obligada en España desde 2004 y las leyes estatales que la incorporaron al ordenamiento jurídico español (Ley 9/2006 vigente en Andalucía hasta 2014 y la actualmente vigente Ley 21/2013).

“La Junta lleva una década incumpliendo la legislación europea, con consecuencias demoledoras en el urbanismo, en el medio ambiente y en la ordenación del territorio”.

Y el conflicto se agrava a partir de 2008, año en que entra en vigor la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). En esa Ley, la Junta exime a los planes urbanísticos del cumplimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica de la directiva comunitaria, sin tener competencia para ello.

Eran los tiempos de la burbuja “y la Junta quería evitar que se obligase a justificar en serio los planes urbanísticos y a buscar alternativas realmente sostenibles al modelo de crecimiento inmobiliario desmesurado. Porque en el fondo, lo que se dirime es una cosa muy simple: evaluar la necesidad de hacer las cosas o no hacerlas”.

PREPOTENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Y si se hacen, “de qué manera hacerlas. A esto se han venido oponiendo sistemáticamente los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que han venido aprobando planes con crecimientos urbanísticos tan desmesurados como injustificados, impidiendo una evaluación de su necesidad y de las alternativas a ese modelo especulativo. No han querido evitar crecimientos y ataques al medio ambiente que sólo han servido a intereses puramente económicos de los grandes promotores urbanísticos, frente al bien común de cubrir las necesidades reales de la gente. El resultado ha sido, casas sin gente y gente sin casas”.

“La Consejería de Medio Ambiente ha demostrado una absoluta prepotencia, desprecio a la legalidad y a los ciudadanos, y complicidad sin límites con los especuladores urbanísticos”.

Para más inri, “el pasado mes de mayo, las direcciones generales de Prevención y Calidad Ambiental y de Urbanismo de la consejería citada, aprobaron una Instrucción conjunta para que las delegaciones provinciales y los correspondientes departamentos técnicos, obviaran el someter los PGOUs en trámite a la normativa de Evaluación Ambiental Estratégica”. 

Todos los planes urbanísticos tramitados o aprobados en Andalucía desde el año 2006 “están viciados de nulidad”. Ecologistas en Acción tiene recurridos por vía administrativa o judicial decenas de tramitaciones de planes y modificaciones urbanísticas –en Jaén, Chiclana, Córdoba, Carmona, La Puebla de Cazalla, Arahal, Bormujos, Salteras o Morón de la Frontera- que con la jurisprudencia existente serán también anulados.

EL FALLO DEL SUPREMO Y LA INCERTIDUMBRE EN CHICLANA

Y otro de los varapalos de estas sentencias del Tribunal Supremo incide sobre la legalización por la modificación del planeamiento de lo ilegalmente construido, “otro de los clásicos puntos fuertes de la política urbanística de la Junta, y que está suponiendo un auténtico desastre ambiental, social y económico consentido”.

Este punto tiene mucho en común con lo sucedido en Chiclana respecto a las construcciones ilegales y la intención municipal de legalizarlas, que el Supremo ha dejado claro que no se puede hacer, de ahí declarar ilegal el PGOU de Marbella.

¿Qué pasará entonces en nuestra ciudad tras esta sentencia? ¿Seguirá adelante el PSOE con esa legalización, con el precedente judicial o paralizará el PGOU, con el consiguiente perjuicio para las miles de personas que esperan esa legalización para poder regularizar su situación, así como recibir los servicios básicos prometidos en la campaña electoral por Román?

DOBLE PREVARICACIÓN

Según los ecologistas, “primero se deja hacer y luego se modifican los planes para legalizar, y así tenemos no sólo las 16.000 viviendas de Marbella, sino las 500.000 viviendas ilegales existentes en el campo andaluz. Esta sentencia pone en tela de juicio la legalidad del Decreto de regularización de las viviendas construidas en suelo rústico actualmente en curso, que en la práctica es una amnistía para los delincuentes urbanísticos”.

Ecologistas en Acción advirtió recientemente por escrito al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a su gabinete jurídico “que se podrían estar cometiendo delitos de prevaricación si se seguían aprobando planes urbanísticos sin someterse a la normativa comunitaria y estatal”.

También pueden estar incurriendo “en sendos delitos de prevaricación con las modificaciones de normas legales para posibilitar la legalización de viviendas y urbanizaciones que los tribunales han dictaminado que son ilegales, y que, por tanto, lo que procede es su demolición”.








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