“CORTEGA” denuncia “la vulneración del convenio urbanístico por parte del Ayuntamiento”

Presentó nuevas alegaciones al Plan parcial del Coto San José, que contempla la cesión gratuita de unos terrenos que fueron adquiridos por la empresa en subasta pública.-

En relación a la aprobación provisional del Plan Parcial del Sector SUS-EC-25 Coto San José, CORTEGA ha vuelto a presentar alegaciones tras ser rechazadas las anteriores por el Ayuntamiento, aduciendo que se hicieron fuera de tiempo. En ellas denuncia esta empresa que el Consistorio ha vulnerado el convenio urbanístico, además de contemplar la cesión gratuita de unos terrenos cuando éstos son propiedad de la entidad citada.

El instrumento de planeamiento no resuelve la situación de falta de entrega al municipio de la parcela de 103.506 m2, clasificada como suelo no urbanizable de especial protección compatible, identificada en el Anexo 5 del Convenio Urbanístico suscrito en su día entre Esteros de Sancti Petri S.A. e Inmobiliaria Sancti-Petri, S.A. y María de la Oliva y María Estrella Moreno González, de una parte y el Ayuntamiento de Chiclana por la otra, de fecha 3 de abril de 2.002.

En el referido convenio se establecía que los antes mencionados procederán a formalizar la cesión gratuita de la parcela en escritura pública, en el mes siguiente a la aprobación del presente convenio, “lo cual no se cumplió, ya que la escritura no se efectuó hasta marzo de 2.003 y la aceptación municipal hasta noviembre de 2.004”.

Que dicha cesión de terrenos debía ser como establece la ley, “de forma gratuita y libre de cargas”, y sin embargo, la finca denominada La Barrosa, se embargó por varios acreedores de la empresa promotora Gestión Inmobiliaria J&P hogar, S.L, entre ellos “la entidad a la que represento, y en la actualidad le pertenece en pleno dominio según adjudicación de subasta pública efectuada ante el Juzgado nº 3 de San Fernando”.

DESARROLLO URBANÍSTICO

Dicha entidad inmobiliaria, al igual que las actuales promotoras que instan el Plan Parcial, son cesionarias de todos los derechos y obligaciones dimanados del convenio urbanístico, por lo que “si no se da solución a este tema y se entregan al municipio libre de cargas los terrenos de obligada cesión, se está vulnerando el convenio urbanístico y su propia razón de ser, que es el desarrollo urbanístico de los terrenos identificados en dicho convenio”.

Afirma CORTEGA que “si no se exige una solución ahora y por tanto el cumplimiento del convenio urbanístico y se aprueba el Plan Parcial, el Ayuntamiento estaría imposibilitando la consecución de los mismos”. Es más, si se pide actualmente nota simple sobre dichos terrenos, se puede ver que indican que son con aprovechamiento según convenio de fecha 2 de abril de 2002, “y eso no se ha cumplido”.

Con lo cual existen circunstancias conexas al expediente administrativo de aprobación del Plan Parcial, consistentes en la falta de obtención de las dotaciones y equipamientos comprometidos en el Convenio Urbanístico al que hace mención la ficha urbanística del Coto San José y que deben ser tenidas en cuenta en la resolución que se dicte.

VULNERACIÓN DEL CONVENIO

Insiste CORTEGA “en la infracción en la tramitación del Plan como se dice, sin que el Ayuntamiento haya recibido las cesiones obligatorias fijadas en el PGOU y en el referido convenio urbanístico”.

Y todo esto sin mencionar que conforme a la Ley urbanística, “todo cambio sustancial en un procedimiento de aprobación de un plan parcial, deberá someterse a información pública, para que se presenten cuantas alegaciones sean necesarias y, sinceramente, dudamos que desde la aprobación inicial hasta ahora la provisional, esto no haya sucedido”.

Recuerda la citada empresa que los técnicos deberán tener en consideración cualquier alegación que se lleve a cabo durante el procedimiento, de toda índole, “por poner un símil entendible para los ciudadanos, sería como saber la comisión de un delito, pero no considerarlo porque no estaba en plazo”.

Por todo esto, CORTEGA pide a Urbanismo que admita las alegaciones presentadas y que “vista la vulneración del convenio urbanístico, no se lleve a aprobación definitiva y si es necesario, someterse a exposición pública”.