“Román aprueba al margen del pleno, de la ciudadanía y de la legislación estatal, una nueva contribución”
La Asociación por un IBI real ha presentado un recurso contra el decreto de la alcaldía, por no cumplir las leyes y porque asfixiará aún más la economía de empresas y vecinos.-
La
Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y
un IBI real, pone en conocimiento de la ciudadanía que el pasado 19 de
junio, fue publicado en el BOP de Cádiz una Resolución de la alcaldía, por la
que ésta aprueba en solitario las cuotas de participación en la financiación de
la ejecución de los sistemas generales de espacios libres, con un coste total de más de 50 millones de
euros (50.116.115,00) e, igualmente, también otra del ciclo general del agua
para un coste total de más de 90 millones de euros (90.320.274,02).
Señala
esta entidad que “vemos como otra vez Román
aprueba al margen del pleno, de la ciudadanía y de la legislación estatal, una
nueva contribución a los vecinos de Chiclana”. Una vez conocida por la
asociación estos hechos, se ha presentado telemáticamente en el Registro
General, Recurso de Reposición contra dicho decreto de la alcaldía.
Entre los
hechos y fundamentos de derechos en que se basan la Asociación por un IBI real, se dice lo siguiente: “Que la alcaldía no tiene atribuciones para aprobar
esas cuotas de participación y el ciclo del agua por un valor de más de 140
millones de euros, pues corresponden dichas competencias al Pleno Municipal,
conforme indica el art.22 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL)”.
Igualmente,
“tampoco es competencia de la alcaldía la
aprobación de la forma de gestión de los servicios o la aprobación de los
ámbitos de procesos de transformación urbanísticas, pues son también
atribuciones del Pleno como así se indican en el art. 22 de la LBRL”.
COMPETENCIAS
QUE NO LE CORRESPONDEN
Solo con
estos hechos “es más que suficiente para que
sea anulada dicha Resolución. Atribuirse la alcaldía todas las competencias es
dejar vacío de contenido al Pleno Municipal. No hacer debate sobre los asuntos
de interés general que nos afectan a todos los residentes de Chiclana”.
Señala que
“tampoco hay ninguna información a la
ciudadanía sobre esta nueva contribución, tan solo lo han publicado en el BOP
de Cádiz (Boletín Oficial de la Provincia), que nadie lee. No se ha publicado
en la web municipal el expediente, así como tampoco lo han dado a conocer a los
medios de comunicación, cuando José María Román saca notas de
prensa hasta cuando un emprendedor inaugura un modesto y entrañable asador de
pollos, para que la gente sepa que él ha estado allí y salir en la foto”.
La
asociación pone de manifiesto en el recurso de reposición presentado el 19 de
julio, así como en otro de ampliación, presentado al día siguiente (20 de
julio), dentro del plazo legal, “que el
resolver de forma unilateral y arrogarse la alcaldía las competencias que
corresponden por ley estatal al pleno de la Corporación, así como no publicarse
en la web municipal, en el portal de transparencia, son métodos contrarios a lo
dispuesto en las leyes de Transparencia Autonómica y Estatal, y por supuesto
dejar en total indefensión a los contribuyentes de Chiclana, al cortarles todos
sus derechos, como son el acceso a la información de los asuntos públicos, el
de audiencia pública en los expedientes administrativos, el derecho de
información y participación en los nuevos tributos que les afecten, el derecho
de transparencia…”.
ROMÁN
INFRINGE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
Todos
estos derechos del ciudadano “los vuelve a
infringir Román en su Resolución dictada en solitario y al margen del
procedimiento legalmente establecido”. Incide en su recurso que la
cuestión “es más grave aún si cabe”,
pues “el regidor por sí solo no puede
determinar las cuotas de participación,
ya que se tienen que adoptar por el Pleno
Municipal, por ser competencia de éste, por la gran incidencia que tiene en
todo el municipio, estableciendo las cuantías económicas de financiación de
sistemas generales y del ciclo integral del agua, y el alcalde ha hurtado al
pleno dichas competencias subrogándoselas en solitario”.
Así mismo,
esta Resolución se dicta también en contra de otra ley estatal, concretamente,
la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, donde se incluyó en su
art. 133, que se hace obligatoria la participación pública en el caso de que la
propuesta normativa tenga un impacto en la actividad económica.
Manifiesta
la asociación que “los agentes económicos de
Chiclana algo tendrán que decir sobre esto, pues las nuevas contribuciones que
pretende llevar a cabo la alcaldía, suponen 140 millones de euros más a
recaudar anualmente con este nuevo impuesto, y no creemos que esto suponga activar
más la economía, sino todo lo contrario, empobrecer mucho más al tejido
empresarial y sobre todo empobrecer aún más la economía familiar de los
chiclaneros”.
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