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“Román aprueba al margen del pleno, de la ciudadanía y de la legislación estatal, una nueva contribución”


La Asociación por un IBI real ha presentado un recurso contra el decreto de la alcaldía, por no cumplir las leyes y porque asfixiará aún más la economía de empresas y vecinos.-

La Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI real, pone en conocimiento de la ciudadanía que el pasado 19 de junio, fue publicado en el BOP de Cádiz una Resolución de la alcaldía, por la que ésta aprueba en solitario las cuotas de participación en la financiación de la ejecución de los sistemas generales de espacios libres, con un coste total de más de 50 millones de euros (50.116.115,00) e, igualmente, también otra del ciclo general del agua para un coste total de más de 90 millones de euros (90.320.274,02).

Señala esta entidad que “vemos como otra vez Román aprueba al margen del pleno, de la ciudadanía y de la legislación estatal, una nueva contribución a los vecinos de Chiclana”. Una vez conocida por la asociación estos hechos, se ha presentado telemáticamente en el Registro General, Recurso de Reposición contra dicho decreto de la alcaldía.

Entre los hechos y fundamentos de derechos en que se basan la Asociación por un IBI real, se dice lo siguiente: “Que la alcaldía no tiene atribuciones para aprobar esas cuotas de participación y el ciclo del agua por un valor de más de 140 millones de euros, pues corresponden dichas competencias al Pleno Municipal, conforme indica el art.22 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL)”.

Igualmente, “tampoco es competencia de la alcaldía la aprobación de la forma de gestión de los servicios o la aprobación de los ámbitos de procesos de transformación urbanísticas, pues son también atribuciones del Pleno como así se indican en el art. 22 de la LBRL”.

COMPETENCIAS QUE NO LE CORRESPONDEN

Solo con estos hechos “es más que suficiente para que sea anulada dicha Resolución. Atribuirse la alcaldía todas las competencias es dejar vacío de contenido al Pleno Municipal. No hacer debate sobre los asuntos de interés general que nos afectan a todos los residentes de Chiclana”.

Señala que “tampoco hay ninguna información a la ciudadanía sobre esta nueva contribución, tan solo lo han publicado en el BOP de Cádiz (Boletín Oficial de la Provincia), que nadie lee. No se ha publicado en la web municipal el expediente, así como tampoco lo han dado a conocer a los medios de comunicación, cuando José María Román saca notas de prensa hasta cuando un emprendedor inaugura un modesto y entrañable asador de pollos, para que la gente sepa que él ha estado allí y salir en la foto”.

La asociación pone de manifiesto en el recurso de reposición presentado el 19 de julio, así como en otro de ampliación, presentado al día siguiente (20 de julio), dentro del plazo legal, “que el resolver de forma unilateral y arrogarse la alcaldía las competencias que corresponden por ley estatal al pleno de la Corporación, así como no publicarse en la web municipal, en el portal de transparencia, son métodos contrarios a lo dispuesto en las leyes de Transparencia Autonómica y Estatal, y por supuesto dejar en total indefensión a los contribuyentes de Chiclana, al cortarles todos sus derechos, como son el acceso a la información de los asuntos públicos, el de audiencia pública en los expedientes administrativos, el derecho de información y participación en los nuevos tributos que les afecten, el derecho de transparencia…”.

ROMÁN INFRINGE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

Todos estos derechos del ciudadano “los vuelve a infringir Román en su Resolución dictada en solitario y al margen del procedimiento legalmente establecido”. Incide en su recurso que la cuestión “es más grave aún si cabe”, pues “el regidor por sí solo no puede determinar las cuotas de participación, ya que se tienen que adoptar por el Pleno Municipal, por ser competencia de éste, por la gran incidencia que tiene en todo el municipio, estableciendo las cuantías económicas de financiación de sistemas generales y del ciclo integral del agua, y el alcalde ha hurtado al pleno dichas competencias subrogándoselas en solitario”.

Así mismo, esta Resolución se dicta también en contra de otra ley estatal, concretamente, la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, donde se incluyó en su art. 133, que se hace obligatoria la participación pública en el caso de que la propuesta normativa tenga un impacto en la actividad económica.

Manifiesta la asociación que “los agentes económicos de Chiclana algo tendrán que decir sobre esto, pues las nuevas contribuciones que pretende llevar a cabo la alcaldía, suponen 140 millones de euros más a recaudar anualmente con este nuevo impuesto, y no creemos que esto suponga activar más la economía, sino todo lo contrario, empobrecer mucho más al tejido empresarial y sobre todo empobrecer aún más la economía familiar de los chiclaneros”.

 

 

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