El Ayuntamiento reclama a la Junta la readmisión de los Agentes Locales de Empleo

Lechuga exige que la administración andaluza los reincorpore en las áreas de empleo de los consistorios, y no en las oficinas del SAE, como está barajándose.-

El delegado de Fomento, José Manuel Lechuga, mostró su “satisfacción” por las sentencias judiciales que ordenan a la Junta de Andalucía a readmitir en firme a 40 Agentes Locales de Empleo (Alpes) en la provincia. En Chiclana las personas afectadas son cuatro.

Lechuga recordó que el gobierno de la Junta de Andalucía prescindió de estos trabajadores adscritos a las áreas de empleo de los ayuntamientos en septiembre de 2012. “En el caso de Chiclana, contábamos con cuatro excepcionales agentes de empleo, que trabajaban para asesorar a los chiclaneros en la búsqueda de empleo y ayudaban a los emprendedores y empresas a contribuir al desarrollo local”, señaló.

Manifestó el concejal que “apoyamos a estos buenos profesionales en sus reivindicaciones, porque su aportación como orientadores de empleo y al desarrollo local es fundamental, sobre todo, teniendo en cuenta que la Junta decidió prescindir de estos trabajadores en el peor momento de la crisis económica y cuando más falta hacía”.

Solicitó Lechuga a la Junta de Andalucía que “los reincorpore, pero a su puesto en los ayuntamientos, como ellos mismos desean, y no a las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), porque como mejor desarrollan su labor es estando cerca de los ciudadanos, en contacto directo con sus necesidades y sus inquietudes, como hacían cuando formaban parte de la delegación de Fomento”.

El edil defendió la labor de unos trabajadores “que han hecho muy buen papel y que son muy necesarias”. De hecho, tras la decisión del PSOE e IU de prescindir de estos agentes de empleo en 2012, “tuvimos que rehacer la estructura de Fomento, porque nos dejaron sin nada, cuando estamos hablando de una delegación importantísima para contribuir al desarrollo local y  para ayudar a los chiclaneros a encontrar trabajo”.

Lechuga afirmó que “la decisión de la Junta de Andalucía, que está obligada a la readmisión, después de las condenas por fraude de ley y despidos nulos, está costando dinero a los chiclaneros y a todos los andaluces en general, ya que según cálculos del colectivo afectado, desde las primeras sentencias condenatorias hasta hoy, el actual gobierno en solitario de Susana Díaz (PSOE) y el anterior bipartito con IU ha derrochado en torno a 26 millones de euros por no acatar las sentencias, es decir, unos 70.000 euros diarios”.