Regularización sí…, pero no a cualquier precio

Francisco M. Navas [colaboraciones].-

No cabe duda de que el proyecto estrella del Ayuntamiento de Chiclana para los próximos años, incluso décadas, consistirá en el proceso de regularización de gran parte de las viviendas construidas irregularmente en la localidad.

Si existe en el mundo civilizado un paradigma de desastre urbanístico, Chiclana lo encarna, sin lugar a dudas. Aquí han confluido de manera negativa una serie de factores que pasaremos a analizar a continuación.
En primer lugar, los culpables a mi entender: los vecinos, por construir sin licencia; el Ayuntamiento, por permitir e incluso, si me apuran, animar a la construcción de las viviendas ilegales sin control alguno; los notarios, por escriturar propiedades ilegales como si tal cosa; los contratistas, muchos de ellos sin estudios, que acometieron en su día la edificación de viviendas sin proyectos ni licencia de obras, con objeto de enriquecerse a manos llenas en el menor tiempo posible.

El entorno social de San Fernando y Cádiz que, al carecer de suelo urbanizable, deseó poseer su campo y su casa en Chiclana, a precios ostensiblemente más bajos que el de estas dos ciudades. Sólo así se explica el desmesurado crecimiento de población de nuestra ciudad en los últimos treinta años.

En segundo lugar, los sucesivos PGOU´s mal elaborados, peor ejecutados y rechazados todos por la Junta de Andalucía. Aún no tenemos la certeza de que el actual PGOU, aprobado con carácter provisional, no vuelva a ser rechazado, entre otras cuestiones, por carecer de un estudio previo sobre impacto ambiental del mismo, según normativa europea de obligado cumplimiento.

DISCRIMINACIÓN DEL AYUNTAMIENTO A PARTE DE LOS VECINOS

En tercer lugar, la desconfianza y la inseguridad jurídica que se producen cuando, además de los factores anteriormente expuestos, se puede constatar que un grupo de familias, hace ya décadas, pagó decenas de miles de pesetas para acceder a una supuesta regularización de sus viviendas que acabó en nada.

En cuarto lugar, los desmesurados costes que se pretenden aplicar a los sucesivos procesos de regularización, inaplicables en una población fuertemente afectada por el hundimiento de la construcción, base del modelo productivo chiclanero, sumado a la crisis económica que padecemos y que obliga a muchas familias a subsistir con las pensiones de sus padres.

En quinto lugar, la flagrante discriminación del Ayuntamiento hacia gran parte de sus vecinos, acometiendo regularizaciones relámpago en ciertas zonas de la ciudad a precios irrisorios, mientras se intenta convencer al resto de propietarios de viviendas en situación irregular, de la bondad de participar en un proceso de regularización que, en la mayoría de los casos, supondrá el desembolso de una enorme cantidad de dinero que no tienen, a asumir en el plazo de siete años, y que en muchos casos supondrá la pérdida de sus propiedades por impago.

En sexto lugar, el estupor y la indignación que se derivan de un equipo de gobierno que, lejos de diseñar actuaciones para cobrar a las personas que ni pagan IBI ni basura en este municipio, pretende subir más de un veinte por ciento a la ciudadanía que paga religiosamente sus impuestos y tasas.   

ABARATAMIENTO DEL COSTE DE REGULARIZACIÓN

No tenemos ni idea de cómo acabará este proceso, pero según nuestras propias estimaciones, urbanizar toda Chiclana supondría un desembolso total aproximado de unos cuatrocientos ochenta millones de euros, con un Ayuntamiento endeudado en más de ciento veinte.

Muchos de nosotros lo expusimos en su día, y seguimos teniendo la firme convicción de que, a excepción de la Rana Verde, donde todos los sistemas generales están ya instalados y listos para su uso y disfrute (ya veremos el coste total de la regularización en esta zona de la ciudad), la única solución viable que se nos ocurre para que la totalidad de las familias del resto del diseminado de Chiclana puedan acceder a los servicios mínimos e indispensables de abastecimiento de agua potable y canalización de aguas fecales, (el tratamiento de las aguas pluviales podría seguir un proceso totalmente diferente y mucho más simple de ejecutar) sería el establecimiento de un canon por propietario, nunca superior a 60 euros mensuales, por el tiempo que fuese necesario.

Así mismo, creemos que debería ser el mismo Ayuntamiento que permitió semejante desastre urbanístico, el que pusiese a todos sus técnicos y medios a trabajar, de forma totalmente gratuita, en el que consideramos puede ser el proyecto de futuro más importante para Chiclana. Con ello se conseguiría un abaratamiento sustancial de los costes de regularización.