El PP insta a los propietarios de viviendas afectadas a solicitar la declaración de AFO para acceder a los servicios básicos

Las viviendas que cumplan los requisitos y presenten la documentación necesaria, “el Ayuntamiento tiene que resolver en un plazo máximo de seis meses”.-

El portavoz del Partido Popular, Andrés Núñez, hizo un llamamiento a los chiclaneros e instó a los propietarios de viviendas irregulares a solicitar la declaración de Asimilados Fuera de Ordenación (AFO) de sus viviendas y poder acceder así a los servicios básicos.

Comentó el concejal popular que “ante la inacción del gobierno municipal que afecta literalmente a la mitad de Chiclana, a más de 15,000 familias en nuestra ciudad, sobre la dotación de servicios básicos a viviendas irregulares a través del nuevo Decreto de la Junta de Andalucía, nos vemos obligados a pedir a la ciudadanía a que tome la iniciativa. El gobierno municipal que encabeza el PSOE no es capaz de poner en marcha la medida, a pesar de la necesidad urgente que tenemos en nuestra ciudad de dar solución a este problema”.

Núñez explicó que “el nuevo Decreto es muy claro al respecto cuando dice que va a permitir de manera rápida y efectiva dotar de servicios básicos a los vecinos de Chiclana. Servicios muy demandados y que son necesarios, no por una cuestión ya de mera calidad de vida de los ciudadanos, sino también por una cuestión medioambiental que pueda parar la contaminación de los pozos en nuestra ciudad”.

Reseñó que “ante la pasividad del gobierno local”, los populares están explicando el proceso para que los chiclaneros afectados puedan acogerse a esta medida:

“Los vecinos tendrían que presentar en el Ayuntamiento la solicitud para que sus viviendas sean declaradas Asimilados Fuera de Ordenación (AFO) y con el documento expedido por el Consistorio ir a las empresas suministradoras de agua o luz para acceder a esos servicios”.

Para conseguir una resolución positiva de la Administración local, los propietarios de viviendas que cumplan los requisitos de la norma andaluza “deben aportar, en primer lugar, la identificación de la vivienda, con un documento de la finca registral, el catastro o cartografía, un documento razonablemente fácil para cualquier vecino”.

EL GOBIERNO MUNICIPAL NO ACTÚA COMO DEBERÍA

En segundo lugar, hay que presentar un certificado de la fecha de terminación de la edificación, para acreditar que la vivienda tiene más de seis años “y que la Administración no puede ya iniciar un procedimiento sancionador, y, por último, un certificado técnico que determine que la vivienda cuenta con las condiciones técnicas de salubridad y seguridad necesarias para poder ser usada”.

Estos tres documentos son los requeridos, según el Decreto del gobierno del PP de la Junta de Andalucía, para que el Ayuntamiento pueda emitir el certificado de declaración de AFO para dar la posibilidad de acceder a los servicios.

Andrés Núñez lamentó que “a pesar de estar claro, es una cuestión que el gobierno municipal se niega a asumir. Y esto es difícil de entender cuando el Decreto expresamente recoge que esta medida es de aplicación en el suelo urbano no consolidado, el de Chiclana, que también puede declararse el asimilado fuera de ordenación”.

Para el PP “hay una cuestión simple: si el Ayuntamiento, que es lo normal y razonable, no aprueba una ordenanza que establezca cuál es el modelo que tiene que presentase, cómo y dónde presentar los documentos, si hay que pagar una tasa para el trámite, entonces, la norma superior, es decir, el decreto, habilita para que cualquier vecino pueda solicitar la declaración de AFO con los tres documentos citados anteriormente”.

SILENCIO DE MEDIO AMBIENTE

Según Andrés Núñez, es difícil de entender “cómo ante una oportunidad que se nos acaba de abrir por el gobierno de la Junta de Andalucía del PP, el gobierno municipal que encabeza el PSOE, le da la espalda. Lo que más nos preocupa es que hay una zona, como la Rana Verde, que tiene los sistemas generales instalados, donde se invirtieron 15 millones de euros, que mañana mismo podría ponerse en funcionamiento, y que se le dé la espalda por parte del equipo de gobierno”.

Así mismo, “llama la atención el silencio cómplice de Roberto Palmero, delegado de Medio Ambiente, que gestiona la empresa pública de agua Chiclana Natural. Él debería ser el primer interesado en que esas instalaciones entren en funcionamiento y se dejen de contaminar los pozos. No entendemos cómo ante esta oportunidad para solucionar los problemas que tienen desde hace muchos años los vecinos de Chiclana, la respuesta sea darle la espalda”.

Una cuestión que ha querido aclarar Núñez es que “el gobierno municipal está diciendo que como no hay Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) no se puede aplicar el decreto. Es mentira. Invito a los chiclaneros afectados a que empiecen a solicitar de forma masiva las declaraciones AFO y obligar así al Ayuntamiento a que emitan una resolución, que debe hacerse en un plazo máximo de seis meses. A ver qué técnico avala la afirmación de José María Román y de la delegada de Urbanismo de que no puede emitirse porque no hay PGOU, porque es falso”.

Asegura el PP que “de estar en el gobierno local, los vecinos de Chiclana ya tendrían agua, porque lo habríamos puesto en marcha al día siguiente. Llevamos 40 años de mentiras del PSOE y estamos hartos. Tenemos una solución eficaz del gobierno de la Junta y no se quiere aprovechar”.

ZONAS EN RIESGO

Otro aspecto que destaca el presidente del Partido Popular sobre el Decreto del gobierno andaluz es que “también aborda zonas donde hay riesgos, como aquellas afectadas por la inundabilidad. Independientemente de que la Junta de Andalucía va a plantear a hacer un nuevo estudio de inundabilidad en la ciudad, el Decreto prevé que en zonas de especial protección donde hay riesgo, los ayuntamientos contemplen medidas correctoras que eviten ese riesgo para poder declarar AFO también esas viviendas”.

Por tanto, “15.000 viviendas en suelo urbano no consolidado que pueden acogerse a la declaración de AFO, deben animarse a solicitar el documento, porque en un plazo máximo de seis meses deben tener la resolución para poder tener acceso a los servicios básicos”.