La cajera y los jueces del Consejo de Ministros son analfabetos jurídicos

Fernando Perea [colaboraciones].-

No me cabe duda. Tras la publicación el pasado 7 de septiembre en el BOE de la Ley Orgánica 10/2022 o Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida por el común de los mortales como Ley del solo sí es sí), las condenas a varios indeseables van a ser minoradas. El caos legal y la alarma social son ya un hecho. (FOTOS: Irene Montero, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Virginia Rosell;
Marlasca,Margarita Robles y María Pilar Llop)

Por eso no me cabe duda, la ministra de Igualdad, Irene María Montero Gil, debería dimitir de inmediato o ser dimitida por el primer ministro Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Pero no tengo confianza que ocurra lo primero ni lo segundo. Montero pronto se echó al monte culpando de la situación a los jueces machistas. Igualmente, Sánchez hace ya tiempo que se ha atado a la poltrona de La Moncloa con las cuerdas de los pactos con Podemos, ERC, Bildu y PNV. Y así no tiene mano libre alguna para cesarla.

Irene Montero no debió ni ser nombrada Ministra de Igualdad. Una licenciatura en Psicología, un pasado como activista anti-desahucios y una única corta experiencia laboral como cajera de una tienda de electrodomésticos, parece paupérrimo bagaje para tan alto cargo. Cuando empezó a abrir la boca, no hizo sino confirmarlo.

De su nombramiento hubo dos culpables: Pablo Manuel Iglesias Turrión -que la propuso- y Pedro Sánchez que la aceptó. Montero, adalid del feminismo, no puso reparos que la propuesta para ser ministra viniera de su propia pareja. No era de extrañar que hubiera quien resaltara la incongruencia: pareció que su mejor mérito era ser la mujer de...

MONTERO ES CULPABLE, PERO NO LA ÚNICA

Con todo, Montero debe ser la primera en irse. Sí, la primera... pero no la única. La Ley fue aprobada en pleno por el Consejo de Ministros (22 más, además de Sánchez) el 5 de junio pasado. Y fue aprobada en el Parlamento por 205 diputados el 25 de agosto, como no tardaron en recordar los que votaron no: PP y Vox. Me parece un exceso reclamar la dimisión de todos ellos, pero han sido -como mínimo- cooperadores necesarios en el estropicio.

Junto a Irene Montero, la principal ideóloga de este bodrio legal es su subordinada María Victoria Rosell Aguilar, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Lo de Rosell es impresentable siendo de profesión magistrada. Además, lejos de esconderse en alguna profunda sima, desde que explotó el asunto solo se ha dedicado a repartir mandobles a diestro y siniestro a sus compañeros, compañeras y compañeres jueces.

Para Rosell son machistas todos ellos, todas ellas y todes elles. Montero aún podría esgrimir una débil defensa: ella no tiene formación jurídica. Pero no colaría... porque Rosell y los técnicos de su Ministerio, sí la tienen. Y mucha.

PARA COLMO, LOS HAY JUECES

No es muy distinto para un ramillete de mandarines -cada uno en su parcela- con asiento en el Consejo de Ministros. En la elaboración de la 10/2022 participaron cuatro ministerios más: Interior, Justicia, Política Territorial y Derechos Sociales y Agenda 2030. Sus titulares son también responsables políticos de la reducción de penas a delincuentes de pene inquieto.

La titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra Urteaga, es -como su amiga Montero- psicóloga de formación, pero Carolina Darias San Sebastián -la anterior ministra de Política Territorial y Función Pública- es Licenciada en Derecho. Algo debería saber Darias sobre esto de las leyes.

Y ya si hablamos de Fernando Grande-Marlaska Gómez -ministro del Interior- y María Pilar Llop Cuenca -ministra de Justicia-, ambos magistrados de carrera, es para llevarse las manos a la cabeza y no bajarlas nunca. No quiero imaginarme el cargo de conciencia que tendrán en este momento sus profesores universitarios y los miembros del tribunal opositor que los examinó en su día.

CÓMPLICES DEL ANALFABETISMO JURÍDICO

Hay otra ministra que no se hace menos acreedora al cese. Su departamento no estuvo en la génesis de la Ley, pero María Margarita Robles Fernández -ministra de Defensa- se ha llevado más de 30 años en la judicatura. Que haya dado su aprobación en Consejo de Ministros a este desafuero es todo un sacrilegio jurídico. Sus compañeros de la asociación progresista Jueces para la Democracia se preguntan ahora qué tiene la silla ministerial para producirle a Robles tamaña amnesia.

Rosell, Belarra, Darias, Grande-Marlaska, Llop y Robles. Son cómplices del analfabetismo jurídico de Irene Montero. A esta hora, hay ya delincuentes beneficiados en sus condenas. Por contra, este grupo de políticos beneficiados por el dedo sanchil aún siguen en sus puestos. Y aún les seguimos pagando 76.355,28 euros al año. A cada uno, una, une.