El PVRE solicita al gobierno local que pida la rectificación de la ponencia de valores

Asegura este partido que la ponencia “es nula de pleno derecho al estar basada en el PGOU anulado por el Tribunal Supremo.-

El Partido Vecinal Regionalista, después de reunión mantenida con el equipo de gobierno municipal, informa a los ciudadanos del estado en que se encuentra “a día de hoy y pensamos que durante el año 2012, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que tanto preocupa y repercute en la economía de todos los vecinos de Chiclana”. Según afirman, “la ponencia de valores está basada en el PGOU anulado y, por tanto, es nula de pleno derecho”. (FOTO: Marisol Ayala y Susana Moreno presentando una moción sobre el IBI).

Dice el PVRE que dada la precariedad de la economía en las arcas municipales, así como la deuda a la que debe hacer frente nuestro Ayuntamiento, “el gobierno municipal no contempla ninguna revisión, ni rebaja, de un coeficiente en el recibo del IBI, debido a que, según ellos, la disminución de ingresos causaría un problema para las arcas municipales, ingresos ya considerados en los próximos presupuestos”.

Ante la argumentación expuesta por el alcalde a las concejalas de este Partido Vecinal, Marisol Ayuso y Susana Moreno, y ante la petición expuesta por el PVRE solicitando una rebaja en el recibo del IBI hasta su revisión definitiva y la total negativa del gobierno a acceder a esta petición, “deseamos, ya que tampoco aceptan una moción a este respecto del Partido Vecinal, informar de esta circunstancia a todos los ciudadanos y hacer llegar la postura de este partido en un tema tan importante para todos”.

La ponencia de valores de Chiclana del 2007 y la delimitación del suelo urbano que contiene la misma, “es nula de pleno derecho, dicha ponencia está basada en el PGOU aprobado en el año 2007, declarado nulo por sentencia firme del Tribunal Supremo”.

La Ponencia de Valores de Chiclana, está basada en dicho Plan General y hasta hoy “la Administración no ha rectificado ni revocado la misma, ni en consecuencia, los valores catastrales que ella causa”.

“En el gobierno municipal –agrega el PVRE- son conocedores de la discrepancia existente entre el Catastro y la realidad, por lo que, de forma urgente, debe iniciar los trámites correspondientes para solucionar esta cuestión, so pena de incurrir en responsabilidad patrimonial, ya que el mantenimiento de esta situación, causa perjuicios irreparables a los ciudadanos de Chiclana”.

Esta formación política al quipo de gobierno del Partido Popular que ponga en conocimiento de la Gerencia del Catastro de forma oficial la Sentencia del Tribunal Supremo anulatoria del PGOU.

REVOCACIÓN DE LA PONENCIA DE VALORES

Solicitar que el Centro de Gestión Catastral proceda a la revocación de la Ponencia de Valores del 2007 para el municipio de Chiclana de la Frontera y de la delimitación de suelo urbano que contiene en consecuencia, y de las valoraciones catastrales del municipio es otra de las peticiones.

Subsidiariamente, para el caso de que la Administración lo considere un acto declarativo de derechos de los ciudadanos, “solicitamos la revisión de oficio declarando la nulidad de la Ponencia de Valores del 2007, de Chiclana y, en consecuencia, de las valoraciones catastrales de este municipio”.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario establece en su artículo 23.1 que el valor catastral de los bienes inmuebles se fijará teniendo en cuenta, entre otros criterios, las circunstancias y valores de mercado.

A su vez, el apartado 2 del mismo artículo, señala que el valor catastral no podrá superar el valor de mercado, entendiéndolo como el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará mediante Orden Ministerial, un coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase.

Dicho lo anterior, y añadido a todo lo expuesto, “resaltamos las actuales Normas Sustantivas y posterior PGOU en las que se desclasifican suelos urbanos y pasan a blancos o rústicos y que supondría que cualquier cobro como urbano sería ilegal, si bien resaltaríamos que, desde el 31-12-2007 debería surtir efecto la anulación de la Ponencia de Valores”.

Cobrar a sabiendas el Impuesto de Bienes Inmuebles desde enero de 2012 a todos los suelos como urbanos, incluso con la suspensión de tal clasificación, “sería incurrir claramente en un supuesto delito de prevaricación, en el que la recaudación estaría por encima del derecho de los ciudadanos”.