La actualidad sobre el Banco Popular

Pedro Salvado Manzorro-Abogado de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores.-

El pasado 7 de junio el Banco Santander fue seleccionado como entidad adjudicataria en la subasta sobre el Banco Popular llevada a cabo por el Fondo Único de Resolución (FUR). La adquisición tuvo como contraprestación un euro de valor simbólico dada su inviabilidad.

El Banco Central Europeo (BCE) apoyó esta medida, exigiendo al Banco Santander ampliar capital en 7.000 millones para cubrir el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance del Banco Popular. Dicha ampliación quedó cubierta sobradamente.

¿Qué sucedió con el Banco Popular?

En el año 2012 se llevó a cabo una primera ampliación de capital por valor de 3.000 millones de euros, debido a la cantidad de activos tóxicos de los que era propietario. Tras esta ampliación todo parecía mejorar, al menos de cara al exterior.

Pese a ello, fueron necesarias varias ampliaciones en años sucesivos hasta que en el año 2016 a los accionistas se les vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial de la entidad indicando que se obtendrían importantes beneficios y un cobro de dividendos. Hubo una campaña agresiva de captación.

MILES DE PERSONAS LO PERDIERON TODO

Desgraciadamente, todo ello posteriormente no tuvo que ver nada con la realidad. Los previstos beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca fueron aprobados.

En la auditoría que emitió PwC el pasado marzo se reconoció que era necesaria elevar las pérdidas en 694 millones de euros. El banco corrigió en cuatro puntos las cuentas que se presentaron en diciembre de 2016, admitiendo los ajustes calculados por la consultora.

Banco Popular S.A. ya forma parte de la entidad Banco Santander en su totalidad, como una filial independiente con personalidad jurídica.

Posibilidades para la reclamación.

Esta Resolución ha afectado a 300.000 accionistas y bonistas, que lo han perdido todo. Pero ellos conservan su derecho a reclamar por una comercialización incorrecta, que provoca la nulidad de las operaciones.

Las acciones a ejercitar dependerán del caso concreto, debiendo analizarse el pertinente estudio, aunque el argumento principal en todos los supuestos es idéntico: ocultación de información relevante para el inversor, sobre todo la presunta falsedad en las cuentas de los últimos ejercicios. Y éste es un hecho acreditable gracias al resultado de las auditorías de PwC.

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

El responsable de la gestión de la entidad es el Consejo de Administración. La Audiencia Nacional ya ha admitido a trámite algunas querellas contra el mismo. Investigará la ampliación de capital realizada por el banco en mayo de 2016.

Por otra parte, se centrará en los hechos relativos a la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias que contenían datos o información considerados falsos por los denunciantes, así como el uso de información privilegiada y relevante para la cotización de las acciones con la que los querellados se hubieran podido lucrar.

El juez ha requerido documentación a la consultora Deloitte y ha requerido al Banco de España para que proponga dos peritos que informe del valor técnico de la acción y para que, en relación con el folleto y la documentación en que se asentó la ampliación de capital, determine si la información contable en ella expresada ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de manipulación o deformación.

Para aliento de los accionistas y bonistas podemos recordar el caso Bankia, donde sí se pudo acreditar gracias a los supervisores de Banco de España y la CNMV, y al final los inversores recuperaron todo su dinero.