Tampoco en la UE se puede comprar y vender el voto

Félix de la Fuente [colaboraciones].-

Supongo que ya os es conocida mi poca simpatía, a pesar de mi europeísmo, por la institución de la UE que se llama Consejo.  No se trata de algo visceral. Son múltiples las razones en que se basa mi posición. Ya en principio es difícil entender de qué estamos hablando y a quién nos estamos refiriendo cuando mencionamos a esta institución.

Unas veces la llamamos Consejo de ministros, otras Consejo de la Unión Europea, otras Consejo Europeo, y unas veces se trata de los ministros nacionales que al mismo tiempo son ministros de la Unión y otras de los ministros nacionales que son ministros de la presidencia rotatoria de la Unión. Además, tenemos un presidente del Consejo Europeo (Charles Michel) y hay una presidencia rotatoria del Consejo de la Unión, que en este momento corresponde a España. ¡Qué galimatías!

Pero no es esto lo más grave. El Consejo de ministros es, lamentablemente, la institución que más peso tiene en la Unión, porque se ha reservado en exclusiva los asuntos más importantes y, al mismo tiempo, tiene semiesclavizado al Parlamento Europeo.

Curiosamente, es una institución antieuropea y el principal enemigo de la integración, una institución que está poniendo freno e incluso bloqueando el proceso de integración.  Esto nos tiene que resultar fácil de entender a los españoles, porque en España tenemos a un político fugado, que no se siente español y que, posiblemente, sea el que decida el futuro gobierno de España.

LAS VELEIDADES DE PRESIDENCIAS ROTATORIAS

Queda claro, por tanto, que mi antipatía no está relacionada con la actual presidencia del Consejo de la Unión. Hace ya mucho tiempo que vengo diciendo que estas presidencias rotatorias deberían desaparecer para dar paso a un presidente permanente de la Unión, libremente elegido por todos los ciudadanos, para que se acaben las veleidades de los presidentes rotatorios.

Una de estas veleidades, que acaba de brindarnos el ministro de Asuntos Exteriores español en funciones, señor Albares, es la siguiente: El pasado 17 de agosto dicho señor envió a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, es decir al gobierno de España (que en este semestre ostenta la presidencia), una carta en la que comunicaba la decisión del Gobierno de España de solicitar al Consejo la inclusión del catalán, euskera y gallego en el régimen lingüístico de la Unión.

Para ello pedía el inicio “de los procedimientos de modificación previstos en el Consejo” para reformar el Reglamento 1/1958 y su inclusión en el orden del día “del próximo Consejo de Asuntos Generales de 19 de septiembre”. En opinión de un foro de eminentes profesores, entre los que se encuentra Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores, este escrito contiene varias imprecisiones. 

En primer lugar, el ministro omite que está en funciones y, en segundo lugar, es muy dudoso que el gobierno, jurídicamente hablando, haya tomado una decisión, cuando las decisiones se toman en el Consejo de ministros y no consta que este gobierno en funciones se haya reunido.

USO Y ABUSO DEL CARGO

Estos dos argumentos son ya en sí suficientemente importantes, porque el envío de este escrito podría ser inconstitucional y, por tanto, nulo, pues las competencias de un gobierno en funciones son muy limitadas. Pero, en mi opinión, hay otra cosa también muy importante: Se ha usado Y ABUSADO del cargo de la presidencia de la Unión para intentar introducir unas modificaciones en el Reglamento nº 1 de la UE, que le podrían reportar unos beneficios políticos importantes al actual presidente rotatorio del Consejo de la Unión.

Es decir, mediante un acto, posiblemente nulo, se pretende implicar a todos s países de la Unión en un asunto puramente nacional y que va en contra del espíritu de la Unión. Las lenguas en el ámbito europeo son puentes, no fronteras, y los políticos españoles están utilizando las lenguas como medio de discriminación y de separación.

Claro está, países que tienen cuatro y cinco lenguas, como Alemania, con un idioma hablado por unos 15 millones de personas, el bávaro, no creo que vean con buenos ojos esta iniciativa de la actual presidencia del Consejo. ¿Es posible manejarse y entenderse con 100 lenguas dentro de la Unión, si cada país reclamara para sí cuatro lenguas? ¿Quién se puede permitir el lujo de tal despilfarro?

Antiguamente, el voto de los ciudadanos se compraba. Actualmente, los ciudadanos nos hemos liberado, pero los políticos siguen comprando y vendiendo el voto. Además, no se puede ser juez y parte en el mismo asunto.