Detenidos por blanqueo de capitales y fraude a la Seguridad Social los dueños de “Mersant”, que no pagaban a los vigilantes de edificios públicos de Chiclana

Prestaron servicio durante cuatro años y el equipo de gobierno de Román nunca les ayudó cuando llevaban varios meses sin cobrar, porque “no era una emergencia”.-

Los propietarios de la empresa de seguridad privada que estuvo trabajando para el Ayuntamiento de Chiclana durante cuatro años, han sido detenidos por presunto blanqueo de capitales y al fraude a la Seguridad Social. La investigación se saldó con 23 detenidos, entre los que están los responsables de varias empresas de seguridad que habían obtenido numerosos contratos públicos y que habían sido denunciados en numerosas ocasiones por impago a los trabajadores. Entre ellas destacan Mersant Vigilancia y Urcon Security, entre otras.

 

Las investigaciones comenzaron a finales de marzo de 2022, cuando los agentes recibieron una denuncia presentada por Alternativa Sindical contra una empresa de seguridad privada –la citada Mersant-que llevaba sin pagar la nómina de 600 trabajadores desde diciembre de 2021. Además, la empresa cobraba la facturación de sus clientes y traspasaba tanto clientes como contratos a otras compañías con la intención de descapitalizar empresa y eludir los pagos a sus acreedores.

 

Por otro lado, la denuncia también alegaba que los actuales gestores de la empresa de seguridad, los cuales han sido detenidos en la presente operación, eran testaferros de uno de los cabecillas de la organización, que estaba siendo investigado desde 2019 y que ha sido igualmente arrestado junto a su mujer.

 

“Este hombre habría prestado a los antiguos dueños de la mercantil más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa. Al no poder devolver este dinero, los propietarios le entregaron la compañía para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes", manifiesta la Policía Nacional.

Por ese motivo, “los nuevos propietarios dejaron de pagar, entre otros conceptos, las nóminas de los empleados. Además, estarían cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista a través de un testaferro”, afirmó la policía.

FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Este cuerpo desmanteló en Sevilla, Almería y Barcelona, una organización dedicada presuntamente al blanqueo Además, se realizaron registros en los que se intervinieron 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, y también incautaron siete vehículos, tres pistolas, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas (catanas, cuchillos, navajas y puñales), así como munición para arma corta.

Entre los delitos destaca un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros, y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros. Se da la circunstancia de que la empresa Mersant era quien realizaba la vigilancia de los edificios de la Seguridad Social. O sea, que tenía contratada a una empresa que le defraudaba. También tenía contratos con la Junta y diversos Ayuntamientos como el de Sevilla o Chiclana.

EXPERTOS EN DELITOS ECONÓMICOS

Los propietarios de Mersant son un empresario sevillano y su esposa, que constaba oficialmente como responsable de la compañía al estar él inhabilitado para administrar empresas, tras quebrar otra sociedad anterior, Kappa Vigilancia, mientras que él quedaba como director de seguridad. Antes de estas empresas estuvo vinculado a otras. También fue detenido su suegro, administrador de varias empresas y guardia civil en la reserva. 

La organización estaba especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Además, se dedicaban al blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad y del tráfico de drogas. Disponía de una extensa red de colaboradores y una estructura societaria integrada por más de 80 sociedades y 30 testaferros.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Así mismo, la Fiscalía de Sevilla abrió una investigación contra el presunto responsable en la sombra de Mersant, por un supuesto caso de tráfico de influencias. El empresario llegó a ser condecorado por la Policía Nacional en Madrid, en el curso del Día de la Seguridad Privada. Recibió una mención honorífica a pesar de la inhabilitación que pesaba sobre él para ejercer como administrador de empresas, impuesta por el juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla.

En noviembre de 2020, La Fiscalía recibió una denuncia de una persona del sector que exponía una serie de supuestas irregularidades en torno a la actividad de dos empresas de seguridad privada, Kappa y Mersant.

En ella, el denunciante aseguraba que la segunda empresa era una sucesión de la primera, que entró en concurso y cerró, y que lo único que había cambiado de una a otra era la persona que ejercía de administradora, que era la esposa del empresario inhabilitado. En esta segunda sociedad, el denunciado trabajaba como director de seguridad.

EL AYUNTAMIENTO NO LES AYUDÓ

Estos prendas son los que hicieron la vida imposible a los trabajadores que se han encargado de la vigilancia de los edificios públicos de nuestra ciudad. La empresa Mersant Vigilancia fue la encargada de la seguridad desde abril de 2018, cuatro años en total. Desde entonces, según la Asociación Marea Negra, que se encargaba de garantizar los derechos laborales de el sector de la seguridad privada, sufrieron unas malas condiciones de trabajo.

Hablaron con el Ayuntamiento cuando los vigilantes llevaban varios meses sin recibir su salario y el equipo de gobierno no atendió sus peticiones, a pesar de ser responsable subsidiario por haber contratado a esta entidad. Viendo que no atendía sus reclamaciones, Marea Negra le propuso otra alternativa: “Que de las partidas presupuestarias que tienen los ayuntamientos para casos de emergencia, las utilicen para pagar a estos trabajadores, respondiéndonos nuevamente que eso no es una emergencia”.

PARA VERDIER, NO COBRAR VARIOS MESES NO ES UNA EMERGENCIA

La sorpresa fue grande: “Si para el Consistorio el tener a 27 trabajadores (13 de plantilla y el resto eventuales por Covid-19) sin poder dar de comer a sus hijos, pagar recibos de agua, luz, etc., no es una emergencia, que venga Dios y lo vea”. Esto se lo dijo la insigne Cándida Verdier, que lleva viviendo de los impuestos que pagamos todos, incluidos los de estos trabajadores, más de veinte años.

Afirmaba Marea Negra que “son personas que velan por la seguridad de todos los empleados municipales, así como de la ciudadanía que va a sus dependencias a realizar cualquier trámite, personas a las que veis todos los días trabajando, que os cruzáis con ellas a diario y aún así no le parece una emergencia que puedan vivir”.

 

DOS AÑOS ESPERANDO REUNIRSE CON ROMÁN

 

Recordaba esta asociación que en 2019 estuvo en nuestro Ayuntamiento solicitando un encuentro con el equipo de Gobierno, para advertirles que esto pasaría: “Se solicitó por el cauce que el Consistorio establece y a día de hoy aún no se ha recibido respuesta a esa reunión”.

 

Dos trabajadores, uno de ellos sindicalista, fueron al área de Contratación de nuestro Consistorio, para explicarle lo que estaba pasando, que la empresa era fraudulenta y también para advertirles de lo que ésta hacía con la Seguridad Social y que no la contrataran. La persona que estaba allí los echó del despacho sin quererles escuchar, según estos empleados.

 

TRABAJAR EL DOBLE Y NO COBRAR LAS HORAS EXTRAS

 

Otras quejas hacían referencia a los horarios, que no se respetaban, pues estaban contratadas por 120 horas y trabajan alrededor de 240, además de no incluir en las nóminas el plus de nocturnidad ni horas extraordinarias, camuflando éstas como prorratas de pagos.

 

La primera denuncia  fue el 2 de octubre de 2018 en la Inspección de Trabajo, y desde entonces pusieron veinticuatro más sin resultado. Cuando acudían al Consistorio a exponer sus quejas, les pedían una sentencia judicial o resolución administrativa. La empresa de seguridad desempeñaba su labor en diferentes administraciones públicas de España, con 750 trabajadores. En Andalucía tenían 450, entre los que estaban los de Chiclana.

 

RAMÓN F. MERAYO